El discurso del Gobierno de Perú parece relacionar las políticas migratorias y la criminalidad, en una nación que intensifica su estrategia contra la migración irregular y en medio de denuncias crecientes de xenofobia.
La cuestión es que, en Perú, un gran número de venezolanos no cuenta con un trabajo formal y tienen contratos de arrendamiento de palabra.
La Presidenta Dina Boluarte, al realizar un balance de su gestión en octubre de este año, responsabilizó a gobiernos anteriores por el ingreso de delincuentes extranjeros y el incremento de la criminalidad en el Perú.
“No es que no estemos haciendo nada, y ahora vamos a hacer un reajuste deMigraciones. Les vamos a exigir a cada venezolano que supuestamente trabaja de manera lícita, que presente su contrato de trabajo, que presente su contrato de alquiler”, expresó.
Además, la mandataria peruana indicó que el Gobierno hará un seguimiento a la situación financiera de los extranjeros para saber el origen y destino de sus ingresos y lanzó una advertencia en caso no precisen información.
“Vamos a hacerle seguimiento a las divisas o remesas que se mandan fuera del país, para saber de dónde generan esos ingresos. Les vamos a hacer seguimiento financiero, Y aquel que no responda de manera cierta de dónde son sus ingresos, pues ahí les vamos a caer. Y también a los señores que alquilan sus domicilios. Tengan cuidado a quiénes alquilan”, advirtió.
Por ahora habrá que esperar lo qué depara para los migrantes venezolanos en el Perú.-