Mucho se habla de inclusión educativa. Se promulgan leyes, se dictan decretos, se emiten circulares y ordinarios ministeriales, se elaboran protocolos, se organizan capacitaciones y se destinan recursos para responder a las barreras que enfrentan los estudiantes con discapacidad.

Sin embargo, hay una pregunta que pocas veces nos hacemos: ¿qué ocurre cuando una comunidad educativa tiene las herramientas para incluir, pero no existe una verdadera disposición a hacerlo?

Durante años, gran parte de la discusión sobre inclusión educativa se ha centrado en la falta de recursos. Numerosas instituciones, autoridades y especialistas, aunque ciertamente no todos, recurren a este argumento para explicar las dificultades que enfrentan los establecimientos educacionales.

Y aunque la escasez de recursos constituye una barrera real, también debemos preguntarnos cuántas veces se utiliza como justificación para no realizar los cambios necesarios.

Porque existen colegios que cuentan con infraestructura, equipos profesionales y recursos económicos importantes, donde las familias de estudiantes con discapacidad continúan enfrentando enormes dificultades para que sus hijos sean comprendidos, respetados y acompañados.

Entonces, quizás debamos comenzar a mirar un problema mucho más profundo: la deshumanización.

El psicólogo chileno Felipe Lecannelier, en su libro Nuestra humanidad invisible, nos invita a reflexionar sobre aquellas formas de deshumanización que pueden instalarse silenciosamente en nuestras relaciones cotidianas, cuando dejamos de reconocer las emociones, experiencias y subjetividad de los demás.

Esta reflexión resulta particularmente importante cuando hablamos de educación.

Porque deshumanizar no necesariamente significa maltratar abiertamente, insultar o discriminar de manera explícita. También podemos hacerlo cuando reducimos a un estudiante a su diagnóstico, cuando interpretamos sus dificultades únicamente como problemas de conducta o cuando esperamos que se adapte a un sistema que no está dispuesto a reconocer sus particularidades.

Aquí resulta fundamental distinguir entre dos tipos de barreras: las barreras materiales y las barreras actitudinales.

Las primeras pueden relacionarse con la falta de infraestructura, recursos económicos o personal especializado. Las segundas tienen su origen en nuestras creencias, prejuicios, expectativas y actitudes frente a la discapacidad.

Y estas últimas no desaparecen necesariamente porque un establecimiento disponga de mayores recursos o porque existan leyes y otras disposiciones normativas que protejan los derechos de las personas con discapacidad.

Podemos organizar las mejores capacitaciones, contratar especialistas, ofrecer jornadas de formación dentro del horario laboral, con almuerzo incluido y el mejor coffee break. Pero ninguna capacitación garantiza, por sí sola, una transformación en la manera de relacionarnos con la discapacidad.

Porque también debemos preguntarnos qué ocurre durante esas instancias de formación. ¿Existe una disposición genuina a aprender y cuestionar las propias prácticas? ¿O simplemente se cumple con asistir a una actividad?

Como madre de un niño autista, he observado situaciones en las que, durante una capacitación, algunos profesionales estaban más pendientes del teléfono celular, de la hora de salida o de prepararse para regresar a sus casas que de los contenidos que se estaban abordando.

Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿de qué sirve invertir recursos en formación si no existe una verdadera disposición a aprender?

Porque una cosa es no saber cómo incluir. Otra, muy distinta, es no estar dispuesto a hacerlo.

He conocido de cerca situaciones en las que, en lugar de cuestionar el contexto educativo y construir respuestas que permitan superar las barreras para el aprendizaje y la participación, los desafíos que enfrentan los estudiantes con discapacidad terminan transformándose en obstáculos para su permanencia en el establecimiento.

Es importante hacer aquí una distinción: la educación requiere un trabajo conjunto entre las familias y los establecimientos. La participación de madres, padres y apoderados constituye un elemento fundamental para acompañar las trayectorias educativas, y no todas las dificultades pueden atribuirse exclusivamente a las instituciones.

Sin embargo, ¿qué ocurre cuando las familias sí participan activamente? Cuando asisten a reuniones, entregan antecedentes, comunican las características de sus hijos, colaboran con los equipos educativos y manifiestan su disposición a construir soluciones, pero aun así las respuestas no llegan.

Es precisamente en estos casos donde la contradicción resulta especialmente evidente: no estamos frente a una ausencia de colaboración familiar, sino ante instituciones que, pese a contar con información y disposición para trabajar conjuntamente, no siempre logran traducir esos antecedentes en apoyos y acciones concretas.

Y cuando esos apoyos no se proporcionan, las dificultades que surgen o se intensifican en ese contexto terminan siendo atribuidas al propio estudiante.

Se responsabiliza al niño por sus dificultades, mientras se invisibiliza la responsabilidad de un entorno que no ha realizado los ajustes necesarios para acompañarlo.

Otra manifestación de esta deshumanización aparece cuando las responsabilidades se diluyen dentro de las propias instituciones educativas.

El equipo docente atribuye las dificultades al Programa de Integración Escolar (PIE), el PIE señala las limitaciones de su intervención y los equipos directivos trasladan las responsabilidades de un área a otra.

Así comienza una cadena de justificaciones en la que todos parecen tener una explicación, pero nadie asume la tarea de construir una respuesta conjunta.

Mientras tanto, ¿qué ocurre con el estudiante?

Su malestar se transforma en un problema de conducta. Se habla de un niño oposicionista, de aquel que lloró, que reaccionó mal o que interrumpió la clase. Se describe lo que hizo, pero pocas veces se pregunta qué le ocurrió, qué estaba intentando comunicar o qué condiciones del entorno pudieron contribuir a esa reacción.

El problema deja de ser cómo acompañar al estudiante y pasa a ser quién debe hacerse cargo de él.

Y en ese desplazamiento se pierde lo esencial: la responsabilidad compartida de garantizar su bienestar y su derecho a la educación.

Pero existe una responsabilidad institucional que no podemos seguir pasando por alto: la de quienes dirigen los establecimientos educacionales.

Los equipos directivos tienen un papel fundamental en la construcción de la cultura institucional. Son quienes deben promover una visión compartida, establecer criterios, orientar las prácticas y generar condiciones para que la inclusión sea una responsabilidad de toda la comunidad educativa.

Si desde la dirección se comprende la discapacidad como un problema, si se considera que los apoyos son responsabilidad exclusiva del PIE o si se entiende la igualdad como tratar a todos los estudiantes exactamente de la misma manera, difícilmente podremos hablar de una cultura verdaderamente inclusiva.

Porque igualdad y equidad no son lo mismo.

Todas las personas poseen la misma dignidad y los mismos derechos. Sin embargo, garantizar su ejercicio efectivo requiere reconocer que no todas enfrentan las mismas barreras ni cuentan con las mismas oportunidades para participar.

La equidad implica proporcionar los apoyos, ajustes y herramientas que permitan superar esas barreras y generar condiciones de igualdad para participar, aprender y desarrollarse.

No se trata de otorgar privilegios, sino de evitar que las condiciones de partida determinen quién puede ejercer sus derechos y quién queda excluido.

Ofrecer exactamente las mismas condiciones a todos los estudiantes, sin considerar las barreras que enfrenta cada uno, no garantiza igualdad de oportunidades. Por el contrario, puede profundizar las desigualdades que pretendemos superar.

Y es aquí donde la cultura institucional adquiere una importancia decisiva.

La inclusión no puede quedar reducida al trabajo de un programa, a la sensibilidad individual de un docente o al compromiso particular de una educadora diferencial. Debe ser parte de la manera en que toda la institución comprende, organiza y desarrolla su tarea educativa.

Porque cuando esa cultura no existe, los estudiantes y sus familias quedan a merced de la buena voluntad de los profesionales con quienes les corresponda relacionarse.

Y los derechos no pueden depender de la buena voluntad.

No se trata de desconocer las dificultades que enfrentan los docentes ni las limitaciones del sistema educativo. Existen profesionales profundamente comprometidos que trabajan incluso en condiciones adversas. Pero precisamente por eso debemos dejar de sostener la inclusión exclusivamente sobre esfuerzos individuales.

Durante mucho tiempo creí que insistir, explicar, presentar antecedentes y exigir el cumplimiento de los derechos de mi hijo permitiría transformar estas realidades.

Con los años comprendí algo doloroso: ninguna familia debería tener que desgastarse permanentemente para conseguir que su hijo sea tratado con dignidad.

Y cuando una familia termina retirando a su hijo de un establecimiento porque este no ha logrado garantizar las condiciones adecuadas para su bienestar y aprendizaje, cabe preguntarse quién está asumiendo realmente las consecuencias de esa falta de respuesta institucional.

La inclusión no puede depender de cuánto esté dispuesta a luchar una familia.

Es un derecho.

Quizás el cambio más urgente en educación no sea incorporar una nueva capacitación, sino revisar profundamente cómo estamos mirando a nuestros estudiantes, cómo distribuimos nuestras responsabilidades y qué estamos dispuestos a transformar para que todos puedan aprender y participar.

Porque mientras sigamos viendo a los niños y niñas con discapacidad como problemas que debemos administrar, y no como personas a quienes tenemos la responsabilidad de educar, continuaremos reproduciendo la exclusión bajo el discurso de la inclusión.

No basta con abrir las puertas de una escuela. También hay que estar dispuesto a que todos puedan pertenecer a ella.

Por Editor