Las amenazas contra autoridades municipales, funcionarios policiales y representantes del Ministerio Público evidencian una creciente presión de las organizaciones criminales sobre las instituciones del Estado. Un informe de la ONG InSight Crime advierte que esta situación representa un desafío para la seguridad pública y la capacidad de las autoridades para mantener el control territorial.
El avance del crimen organizado en Chile está abriendo un nuevo frente de preocupación para las instituciones públicas: las amenazas y ataques dirigidos contra alcaldes, policías y fiscales. Así lo advierte una investigación de la organización no gubernamental InSight Crime, que analiza cómo las bandas criminales, tanto transnacionales como locales, han comenzado a dirigir sus acciones contra quienes participan en la persecución del delito y el control de los territorios.
Uno de los episodios más recientes ocurrió el pasado 27 de septiembre en la comuna de Lo Espejo, en Santiago, donde murió el carabinero Cristopher Andrés Aguilera Fernández durante un procedimiento de control vehicular en el sector de Las Dunas. El hecho terminó en un enfrentamiento armado cuyas circunstancias son materia de investigación.
El presunto autor de los disparos, Brayan Farías Díaz, ciudadano venezolano de 29 años, también murió durante el incidente. De acuerdo con los antecedentes recopilados, el hombre había sido detenido anteriormente en un operativo realizado en una fiesta clandestina, donde se encontraron drogas y armas, pero posteriormente recuperó su libertad.
Amenazas contra autoridades municipales
La investigación de InSight Crime también recoge antecedentes sobre un presunto plan para asesinar al alcalde de San Bernardo, Christopher White, que habría sido organizado por una banda criminal local.
El caso surgió durante las diligencias para localizar a Juan Flores Valenzuela, conocido como «Indio Juan», quien escapó de prisión en febrero mientras cumplía una condena a cadena perpetua por el femicidio de su expareja. Según los antecedentes de la investigación, el supuesto plan contra el jefe comunal habría sido una represalia por las medidas impulsadas por el municipio contra organizaciones delictuales.
Otros alcaldes de la Región Metropolitana también han denunciado amenazas. Entre ellos se encuentra Miguel Concha, jefe comunal de Peñalolén, quien recibió intimidaciones después de impulsar la demolición de viviendas vinculadas al microtráfico.
Una situación similar ha enfrentado Javiera Reyes, alcaldesa de Lo Espejo, quien denunció amenazas tras desarrollar intervenciones municipales destinadas a enfrentar actividades ilícitas en su comuna.
Las cifras reflejan la dimensión del problema. Según los antecedentes citados por InSight Crime, el número de alcaldes de la Región Metropolitana que cuentan con protección estatal pasó de cuatro a ocho desde julio de 2024. Además, 17 de los 52 alcaldes de la región habrían recibido amenazas de muerte, de acuerdo con información publicada por el diario El País.
Policías y fiscales también están en la mira
La presión del crimen organizado no se limita a las autoridades municipales. Funcionarios policiales y representantes del sistema judicial también han sido objeto de amenazas y ataques.
Según la investigación, durante 2023 y 2024 dos policías fueron asesinados en hechos atribuidos a grupos vinculados al Tren de Aragua. En otra investigación, uno de los sospechosos del asesinato del carabinero Alejandro Ortiz Vásquez fue identificado como presunto integrante del Primer Comando Capital (PCC), organización criminal de origen brasileño.
A esto se suma la situación del Ministerio Público. En septiembre, la Fiscalía informó que 18 fiscales contaban con medidas especiales de protección debido a amenazas relacionadas con el ejercicio de sus funciones.
Uno de los antecedentes más relevantes ocurrió en Arica, donde una facción del Tren de Aragua conocida como Los Gallegos habría planificado instalar un coche bomba frente a un tribunal en diciembre de 2024. Según la Fiscalía, el eventual atentado podría haber sido una represalia por la condena de 34 integrantes de esa organización y habría tenido como posible objetivo facilitar una fuga carcelaria.
Durante las investigaciones también se encontraron conversaciones en grupos de mensajería que daban cuenta de la recopilación de información personal sobre fiscales y jueces.
El desafío de la respuesta del Estado
El informe plantea que las amenazas contra funcionarios públicos responden, en parte, a los intentos de las organizaciones criminales por proteger sus actividades ilícitas y mantener influencia sobre determinados territorios.
Luis Toledo, director del Centro de Estudios en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, explicó a InSight Crime que el problema adquiere otra dimensión cuando una organización criminal consigue influir en las decisiones de las autoridades y modificar el comportamiento de las comunidades.
En esa línea, el especialista advierte que el verdadero punto de inflexión ocurre cuando estos grupos tienen capacidad para imponer reglas y determinar lo que el Estado o la población pueden hacer dentro de un territorio.
Frente a este escenario, el Gobierno del presidente José Antonio Kast ha impulsado modificaciones en su estrategia de seguridad. En agosto presentó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que contempla medidas destinadas a fortalecer las capacidades estatales para investigar, detener y condenar a integrantes de organizaciones criminales.
La agenda incluye una propuesta de reforma constitucional. Sin embargo, el académico Claudio Fuentes, citado por Deutsche Welle, ha advertido que las medidas no necesariamente abordan las causas estructurales de la crisis de seguridad.
Durante el mismo periodo también entró en vigor una normativa orientada a fortalecer los Consejos Comunales de Seguridad Pública y establecer instancias de coordinación operativa a nivel local.
No obstante, existe una brecha legal que ha generado preocupación. Actualmente, los alcaldes no están incluidos entre las autoridades protegidas por el artículo 391 bis del Código Penal, que sanciona la conspiración para asesinar a jueces, fiscales, defensores públicos, policías y funcionarios penitenciarios por motivos relacionados con sus funciones.
Tras conocerse los antecedentes del presunto plan contra el alcalde Christopher White, se presentaron dos iniciativas legislativas destinadas a abordar esta situación.
Pablo Zeballos, director de Proyectos para el Cono Sur de IBI Consultants e integrante del consejo asesor de expertos del Ministerio de Seguridad, coincide en que la respuesta estatal debe ir más allá de la reacción inmediata frente a las amenazas.
El desafío, según el análisis recogido por InSight Crime, está en la capacidad de las instituciones para investigar, actuar oportunamente y mantener intervenciones sostenidas en los territorios donde operan estas organizaciones.
La expansión del crimen organizado plantea así una preocupación que trasciende los indicadores de delitos violentos: la posibilidad de que las amenazas y la intimidación terminen condicionando el trabajo de quienes tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad, administrar justicia y ejercer la autoridad pública.