Por Patricio Luco Torres
Hay algo que el poder nunca termina de entender: los estudiantes tienen la mala costumbre de no quedarse callados. Y cuando salen a la calle, con sus mochilas cargadas de cuadernos, rabia y futuro, los escritorios ministeriales comienzan a temblar.
Este 5 de noviembre, el llamado al Mochilazo vuelve a instalar una pregunta incómoda en la política chilena: ¿qué sucede cuando quienes deberían estar preocupados de estudiar tienen que salir a la calle para defender la educación pública y exigir responsabilidades al poder?
Los secundarios no marchan porque les sobre tiempo. Marchan porque sienten que algo les están quitando. Porque detrás de cada recorte presupuestario hay una escuela con menos recursos, profesores enfrentados a condiciones difíciles y estudiantes que deben aprender a construir su futuro en medio de la incertidumbre.
Pero esta movilización también pone sobre la mesa otro asunto de enorme gravedad: el cuestionamiento a las decisiones judiciales y políticas relacionadas con las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. La controversia en torno al ministro Fernando Rabat ha terminado convirtiéndose en una expresión más del malestar ciudadano frente a las instituciones y sus decisiones.
Y entonces aparecen los estudiantes. Los mismos que algunos adultos prefieren ver encerrados en las salas de clases, obedientes, silenciosos, preparando pruebas y repitiendo discursos ajenos. Pero la historia chilena tiene memoria. Desde las antiguas movilizaciones secundarias hasta la Revolución Pingüina y las grandes protestas estudiantiles, las mochilas han cargado algo más que libros: han transportado sueños, demandas y desobediencias.
Hay una generación que no está dispuesta a aceptar que le vendan el futuro en cómodas cuotas de resignación.
El Gobierno tendrá que escuchar. No basta con administrar cifras, emitir declaraciones o responder con protocolos de seguridad. La educación no es una planilla Excel ni un gasto que se pueda reducir sin consecuencias humanas. Es un derecho, una herramienta de emancipación y una de las pocas posibilidades reales de romper las desigualdades que este país arrastra como una vieja enfermedad.
Y aquí aparece la vieja pregunta: ¿quién educa a quién? ¿Los estudiantes deben aprender a obedecer al poder o el poder debe aprender a escuchar a los estudiantes?
Quizás por eso el Mochilazo incomoda tanto. Porque una mochila puede parecer poca cosa frente a los edificios del poder, pero cuando miles de jóvenes deciden caminar juntos, deja de ser un objeto escolar y se transforma en una declaración política.
Que nadie se confunda: detrás de esas mochilas hay muchachos y muchachas que están aprendiendo algo que no siempre aparece en los programas oficiales: que los derechos no son regalos, que la dignidad no se mendiga y que la democracia no consiste solamente en votar cada cierto tiempo.
Y mientras algunos se preocupan por el orden de las calles, los estudiantes salen a recordarnos que el desorden más peligroso es acostumbrarse a la injusticia.
Porque, a veces, para aprender las lecciones fundamentales de la vida hay que cerrar el cuaderno, ponerse la mochila y salir a la calle.
