Fiscales y agentes de policía ingresaron a la casa de la mandataria, Dina Boluarte, y posteriormente al Palacio de Gobierno bajo una orden judicial. Todo hace parte de la investigación preliminar por poseer una colección de relojes de lujo, supuestamente no declarada, desde que llegó al poder en julio de 2021 como vicepresidenta. 

Un total de 40 agentes y fiscales intervinieron en el operativo, que empezó a la media noche del viernes 29 de marzo, amparados por la autorización del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria que preside el juez Juan Carlos Checkley.

Luego de no recibir respuesta a varios llamados a la puerta de la casa de la presidenta, el equipo irrumpió en la residencia con un mazo que de inmediato rompió la cerradura de la entrada principal de la vivienda, ubicada en el distrito de limeño de Surquillo, al este de Lima, la capital de Perú.

La intervención, además de sorpresiva, fue televisada por medios locales. En las imágenes se puede ver una barrera humana de uniformados que impedía en ese momento el tráfico de vehículos en las calles cercanas a la zona. 

«Tiene multas de registro e incautación. Vamos a intervenir, con el fin de registrar la vivienda e incautar los relojes Rolex”, dijo un agente de la Policía Nacional antes de ingresar. 

El allanamiento llega después de la negativa de la Fiscalía a una solicitud de Boluarte para reprogramar una citación fiscal prevista para inicios de esta semana en la que se le pedía mostrar los relojes y sus comprobantes de adquisición. 

Sin embargo, la prensa informó que la mandataria no se encontraba en su domicilio y solo uno de sus hijos estaba presente. Tiempo después llegó uno de sus abogados.

Al terminar el operativo en la casa de la presidenta, la Policía se abstuvo de comentar a la prensa si habían encontrado los relojes en el allanamiento y dijo que esta información era de carácter “reservado”.

En la segunda intervención, realizada en la casa presidencial, el sábado 30 de marzo en la mañana, el coronel Harvel Colchado habló brevemente ante los micrófonos de los periodistas antes de ingresar a la sede oficial: «Vamos a hacer la revisión en Palacio, a hacer el allanamiento según la orden judicial». 

El escándalo del reloj Rolex

El alboroto por los Rolex estalló tras un reportaje del programa periodístico «La Encerrona» publicado a mediados de marzo.

Luego, desde el 18 de marzo, la jefe de Estado de Perú, que tomó el poder en diciembre de 22, empezó a ser investigada por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en sus documentos públicos. 

A Dina Boluarte, se le ha visto con relojes de lujo en repetidas ocasiones en la esfera pública, pero en especial, la pesquisa menciona un Rolex, de 14.000 dólares que la mandataria asegura que obtuvo antes de asumir el poder. Alegó que el reloj es de “antaño”, de larga data y adquirido por medio de sus “ganancias personales”, argumentando que desde los 18 años trabaja y ha conseguido recursos con “su propio esfuerzo”.

Sin embargo, el Fiscal General enfatizó el martes 26 de marzo en la obligación de Boluarte de presentar con prontitud los tres relojes Rolex para su investigación.

Abren investigación contra presidenta peruana por presunto enriquecimiento ilícito.

Si la presidenta peruana fuera hallada culpable del delito, no podría ser sometida a juicio hasta julio de 2026, cuando se dé por terminado su mandato, tal como reza la constitución, pero sí podría traer consigo un pedido de vacancia desde el Congreso, bajo el argumento de “incapacidad moral”, como ha ocurrido recientemente con otros mandatarios. Perú ha visto pasar seis presidentes en los últimos cinco años. 

Boluarte, una abogada de 61 años, ascendió de ser una modesta funcionaria de distrito a vicepresidenta bajo el presidente Pedro Castillo, en julio de 2021; posteriormente asumió la presidencia en diciembre de 2022, luego de la destitución de Pedro Castillo, entonces presidente, después que él hubiera intentado disolver el Congreso, que sostenía una investigación en su contra. Su intento, fallido, buscaba gobernar por decreto. 

Por otro lado, la presidenta, desde el 10 de enero de 2023, enfrenta otra investigación del Ministerio Público de Perú por los delitos de genocidio, homicidio calificado y lesiones graves tras las manifestaciones convocadas por los seguidores de Castillo a consecuencia de su encarcelamiento, quienes exigían el cierre del Congreso, la convocatoria a elecciones, cambios en la Constitución y la renuncia de la Boluarte.

¿Qué sigue en la investigación del «Rolexgate»?

La popularidad de la mandataria izquierdista se ha visto afectada. A diciembre de 2023 cerró el año con una aprobación del 9%, según la encuesta más reciente del Instituto de Estudios Peruanos, y carece de bancada propia en un Congreso controlado por la derecha y ultraderecha.

La respuesta del Gobierno 

Los vehículos del primer ministro, Gustavo Adrianzén, y del ministro de Relaciones Exteriores, Javier González-Olaechea, llegaron al Palacio de Gobierno, además del ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio Demartini. Todos se encontraron con el operativo a media marcha. 

El premier peruano declaró a la emisora RPP estar “indignado” por el allanamiento y argumentó que el hecho era “un intolerable atropello a la dignidad de la presidencia de la República y a la nación que ella representa”. 

“No es posible que tengamos que ser testigos de acciones absolutamente desproporcionadas y, cuando no, inconstitucionales», dijo Adrianzén explicando que Boluarte goza de protección e inmunidad que da su cargo. 

Por Editor