Miles de estudiantes, profesores y organizaciones sociales marcharon en Santiago contra los recortes en educación, salud y vivienda impulsados por el Gobierno de José Antonio Kast. Los enfrentamientos con la policía dejaron heridos, detenidos y una estudiante debió ser operada de urgencia.
La primera gran movilización social contra el Gobierno del presidente José Antonio Kast terminó este sábado con enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, un saldo de al menos seis heridos, 35 detenidos y fuertes cuestionamientos al uso de la fuerza por parte de Carabineros.
Miles de estudiantes, docentes y organizaciones sociales se congregaron en el centro de Santiago para rechazar el programa de ajuste fiscal impulsado por la administración de Kast, que contempla recortes cercanos a los 6.000 millones de dólares durante los próximos 18 meses.
La protesta fue convocada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y contó con el respaldo del Colegio de Profesores, la Coordinadora Feminista 8M y diversas agrupaciones sociales. Los manifestantes expresaron su rechazo a la reducción de recursos destinados a educación, salud y programas sociales, además de cuestionar una reforma tributaria que, según la oposición, favorecería a las grandes empresas y los sectores de mayores ingresos.
Durante la marcha, miles de personas recorrieron las principales avenidas de la capital bajo consignas como «La educación pública se defiende» y «No es ajuste, es robo». Sin embargo, hacia la tarde se registraron incidentes protagonizados por grupos encapuchados, lo que derivó en la intervención policial mediante carros lanzaaguas y gases lacrimógenos.
Uno de los hechos que generó mayor impacto fue el caso de una estudiante que resultó gravemente herida durante los disturbios. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) confirmó que la joven debió ser intervenida quirúrgicamente de urgencia. Las imágenes de su rostro ensangrentado se viralizaron rápidamente en redes sociales y provocaron reacciones dentro y fuera de Chile.
Entre quienes criticaron la actuación policial estuvo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien manifestó preocupación por los hechos ocurridos en Santiago.
Los manifestantes también expresaron su rechazo al reciente anuncio del Ejecutivo sobre la creación de un registro de personas consideradas «vándalos», iniciativa que contempla restricciones al acceso a beneficios estatales para quienes sean condenados por ataques a la policía o daños a la infraestructura pública. La medida ha sido cuestionada por organizaciones estudiantiles y sectores de oposición.
Tras la jornada de protestas, el Gobierno de Kast acusó al movimiento estudiantil de victimizarse por los hechos ocurridos durante la marcha que dejó a una estudiante gravemente herida. Desde La Moneda insistieron en que la violencia registrada durante la movilización no puede ser relativizada y defendieron el accionar de las fuerzas de seguridad.
El ministro de Seguridad, Martín Arrau, sostuvo que «una sociedad que aspira a vivir en paz no puede normalizar la violencia ni victimizar de manera selectiva». En la misma línea, el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, afirmó que la respuesta policial fue proporcional frente a situaciones que se salieron de control.
Por su parte, el presidente José Antonio Kast también se refirió a las manifestaciones y cuestionó a quienes buscan presionar al Gobierno mediante movilizaciones callejeras. «El Parlamento tiene el juicio político para destituir a un presidente, eso no se hace en la calle», afirmó el mandatario, en declaraciones que generaron nuevas críticas desde sectores estudiantiles y de oposición.
Arrau agregó que entre los detenidos había personas portando bombas molotov, mientras que dirigentes estudiantiles y gremiales acusaron al Ejecutivo de generar un clima de confrontación que terminó escalando la tensión en las calles.
La movilización también sirvió para manifestar el rechazo a la denominada Ley de Reconstrucción Nacional, el principal proyecto económico del Gobierno, que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados y debe continuar su tramitación en el Senado.
Con esta jornada, la administración de José Antonio Kast enfrenta su primera gran prueba en las calles desde que asumió la Presidencia en marzo, en un escenario marcado por la creciente tensión social y el debate sobre los límites del orden público y el derecho a la protesta.