Más de 27 millones de peruanos acudieron este domingo a las urnas para elegir al próximo presidente de la República en una segunda vuelta altamente polarizada entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez.
La jornada electoral se desarrolla en medio de fuertes tensiones políticas, advertencias sobre posibles denuncias de fraude y cuestionamientos a los plazos que tomará el proceso de escrutinio oficial.
La vocera del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Grecia Rentería, informó que la proclamación oficial del ganador no se realizará de inmediato, sino que está prevista para mediados de julio, una vez concluidos los procedimientos de revisión de actas observadas y eventuales audiencias públicas de recuento de votos.
Según explicó la autoridad electoral, las actas observadas serán analizadas inicialmente por los Jurados Electorales Especiales (JEE). En caso de persistir discrepancias, estas podrían derivar en recuentos públicos antes de la proclamación definitiva de resultados.
La demora ha generado críticas entre especialistas. Fernando Rodríguez Patrón, exdirector del Registro de Organizaciones Políticas del JNE, calificó el plazo como «excesivo» y señaló que un proceso electoral no debería tardar más de un mes en entregar resultados definitivos.
Problemas en la instalación de mesas
Durante el desarrollo de la jornada, el JNE reportó que más de 5.300 mesas de votación aún no habían sido instaladas al mediodía, equivalente a cerca del 6% del total habilitado para la elección.
Las regiones con mayores dificultades fueron Piura, Loreto, Cajamarca, Lima, Cusco y Puno, donde la ausencia de miembros de mesa retrasó el inicio de las votaciones en numerosos locales.
A pesar de estos inconvenientes, más del 94% de las mesas ya se encontraba funcionando al cierre de la tarde.
Autoridades rechazan denuncias de fraude
En medio del clima de polarización, la autoridad electoral peruana rechazó cualquier narrativa de fraude sin pruebas y llamó a respetar la institucionalidad democrática.
El presidente del JNE, Roberto Burneo, exhortó a la ciudadanía, partidos políticos y candidatos a actuar con responsabilidad y serenidad.
«La democracia se fortalece cuando participamos, cuando respetamos las reglas y cuando reconocemos la decisión libremente expresada por la ciudadanía», afirmó.
Las declaraciones se producen luego de que sectores políticos y algunas organizaciones denunciaran supuestas irregularidades en el proceso, acusaciones que hasta ahora no han sido respaldadas con evidencias concluyentes.
López Aliaga llama a respaldar a Fujimori
Uno de los protagonistas de la jornada fue el líder de derecha Rafael López Aliaga, quien quedó fuera de la segunda vuelta por estrecho margen y acudió a votar acompañado de otros exaspirantes presidenciales.
Tras sufragar, reiteró su apoyo a Keiko Fujimori y afirmó que los electores deben «defender la democracia en Perú para no caer en manos del comunismo», reforzando así el tono ideológico que ha marcado gran parte de la campaña.
Multas por no votar o no ejercer como miembro de mesa
Las autoridades también recordaron que el voto sigue siendo obligatorio en Perú.
Las multas para quienes no acudieron a sufragar varían según el nivel socioeconómico del distrito de residencia:
- 110 soles para distritos no pobres.
- 55 soles para distritos pobres.
- 27,50 soles para distritos pobres extremos.
En tanto, los ciudadanos designados como miembros de mesa que no cumplieron su función deberán pagar una multa de 275 soles.
La ONPE advirtió que mantener multas electorales impagas puede impedir la realización de trámites bancarios y la celebración de contratos con el Estado.
Un país dividido define su futuro
La segunda vuelta presidencial de 2026 refleja la profunda división política que atraviesa Perú. Con dos candidatos ubicados en extremos ideológicos opuestos, el resultado será determinante para el rumbo político, económico y social del país durante los próximos cinco años.
Mientras avanza el conteo de votos, la atención estará puesta en la capacidad de las instituciones electorales para garantizar transparencia y confianza en uno de los procesos más observados de los últimos años en la región.