La Fiscalía federal de Estados Unidos prepara discretamente una acusación penal contra Delcy Rodríguez por presuntos delitos de corrupción y blanqueo de dinero, según una exclusiva de Reuters.
El movimiento, de concretarse, añadiría un nuevo componente judicial a la presión política que la administración de Donald Trump ejerce sobre el escenario venezolano en su nueva etapa.
De acuerdo con Reuters, el Departamento de Justicia trabaja en la redacción de los cargos con conocimiento del presidente estadounidense, y la eventual acusación podría convertirse en una herramienta de presión estratégica frente a decisiones clave en Caracas.
Años bajo el radar de la DEA
El giro judicial no surge de forma aislada. En enero, Associated Press (AP) informó que Rodríguez lleva años en el radar de la DEA y que en 2022 fue catalogada como “objetivo prioritario”, una denominación interna reservada para sospechosos considerados de alto impacto en investigaciones de narcotráfico.
Según AP, la agencia antidrogas estadounidense habría acumulado antecedentes desde al menos 2018, vinculando su nombre a múltiples líneas de investigación —algunas aún abiertas— tanto en territorio estadounidense como en el extranjero.
La agencia también reportó que un confidente señaló en 2021 que hoteles en Isla Margarita habrían sido utilizados como fachada para el lavado de dinero. Además, AP indicó que Rodríguez aparece mencionada en investigaciones relacionadas con presunto tráfico de drogas y contrabando de oro, así como en contextos asociados a su cercanía con el empresario Alex Saab, figura central en tramas comerciales del chavismo que durante años estuvo bajo la lupa de Washington.
No obstante, AP subrayó un punto clave: hasta ahora el Gobierno estadounidense no ha presentado públicamente cargos contra Rodríguez, ni figura entre los funcionarios venezolanos formalmente imputados en causas de narcotráfico vinculadas al entorno de Nicolás Maduro.
Escalada jurídica como herramienta política
En ese contexto, la información revelada por Reuters encajaría en una estrategia de escalada jurídica: pasar de informes de inteligencia y pesquisas administrativas a la eventual formalización de cargos ante un tribunal federal.
La clave, según analistas citados por la agencia, es el “cuándo” y el “para qué”. La acusación podría reforzar la capacidad de presión de Washington en un momento de redefinición del equilibrio político en Venezuela.
Reuters sostiene que el carácter “silencioso” de la preparación del caso —aún sin presentación formal— le otorga valor político precisamente por su ambigüedad: suficientemente avanzado para ejercer presión, pero lo bastante reservado para modular su activación según evolucione la relación bilateral.
Posibles implicancias
Una eventual acusación penal tendría efectos inmediatos más allá del plano judicial:
- Restricciones de viaje y riesgo de detención en terceros países.
- Mayor exposición financiera internacional.
- Impacto político interno, al enviar una señal al círculo de poder venezolano.
Según ha trascendido en medios internacionales, la causa se instruiría en un tribunal federal de Miami. De concretarse, abriría un nuevo frente judicial paralelo a otras causas que se desarrollan en Nueva York contra figuras del entorno de Maduro.
Por ahora, no existen cargos públicos formalizados contra Rodríguez. La preparación de la acusación, según Reuters, se mantiene en reserva. Pero el mensaje político es claro: en la relación entre Washington y Caracas, la dimensión judicial vuelve a ocupar un lugar central.