El Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó este lunes al exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa Valenzuela, a 17 años de cárcel por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de instrumento público y lavado de activos.
La sentencia establece 12 años de presidio mayor en su grado medio por malversación y falsificación, además de 5 años y un día por lavado de dinero. En total, el exdirector deberá cumplir 13 años de presidio efectivo, considerando los cuatro años en que permaneció bajo medidas cautelares durante la investigación. También deberá pagar multas que superan las 215 UTM.
La jueza Carolina Escandón, encargada de la lectura del fallo, enfatizó que Espinosa queda además con inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, junto con la pérdida de derechos políticos.
Pareja del exdirector también fue condenada
Su cónyuge, María Magdalena Neira, fue sentenciada a 541 días de prisión en pena remitida y al pago de 30 UTM por lavado de activos culposo. Neira cumplirá su condena desde su domicilio.
El tribunal decretó además el decomiso de un departamento en Las Condes, adquirido con recursos provenientes del dinero defraudado. La propiedad quedó en manos del Fisco.
“Penas ejemplarizadoras”
El fiscal del caso, Felipe Sepúlveda, destacó la magnitud del fallo:
“El tribunal impuso penas ejemplarizadoras, bastante altas, acorde con la gravedad de los delitos acreditados”.
La investigación determinó que los fondos defraudados correspondían a gastos reservados de la PDI, los cuales eran depositados en cuentas de Espinosa y de su cónyuge.
Desde el Ejecutivo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, señaló que la sentencia es proporcional y reafirma la importancia de cuidar la confianza ciudadana en las instituciones policiales:
“Cuando se identifican actos de corrupción, deben ser severamente sancionados”.
Devolución de fondos al Fisco
Además de las penas privativas de libertad, Espinosa deberá restituir al Estado los 146 millones de pesos defraudados, monto que será pagado en cuotas según lo establecido por el tribunal.