Perú se comprometió este 25 de enero ante la ONU a investigar las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía en medio de las protestas que sacuden al país. El anuncio llega un día después de una de las jornadas más violentas de movilizaciones, en la que al menos tres periodistas resultaron heridos. Los activistas desafían con seguir en las calles, mientras el Gobierno de Dina Boluarte elude los reclamos de elecciones generales inmediatas y se aferra al poder.
Una crisis que parece interminable. El sonido de disparos de perdigones y el humo de los gases lacrimógenos inundan las calles de la capital de Perú, en medio de una pugna entre manifestantes que exigen la renovación total del Gobierno y una Administración que prolonga su permanencia en funciones.
Las manifestaciones y los bloqueos en las carreteras continúan este 25 de enero, razón por la que miles de camiones permanecen varados en las vías intermunicipales.
Las acciones, que se extienden ante el descontento social, han elevado la respuesta del Ejecutivo, que en las últimas horas anunció que envió más de 500 militares a la región de Puno, en el sur del país y una de las más azotadas por los enfrentamientos, para levantar las barricadas.
Además, el Gobierno informó que extiende por diez días más la inmovilización social obligatoria en Puno; decisión que amplía el toque de queda y es complementaria del estado de emergencia declarado hasta el próximo 15 de febrero.
Por otra parte, las autoridades anunciaron que el aeropuerto de Cusco, una puerta de entrada al icónico y turístico Machu Picchu, fue nuevamente cerrado debido a las protestas que impactaron la región.
El sitio declarado patrimonio de la humanidad también fue cerrado de forma indefinida el pasado 21 de enero en medio de los disturbios que se han extendido por distintas regiones del país.
Exigen garantías para los periodistas y la ONU pide investigación por violencia policial
Las nuevas medidas del Gobierno llegan un día después de que se registrara una de las jornadas más violentas desde que iniciaron las protestas el pasado 7 de diciembre y en la que al menos tres periodistas resultaron heridos. Entre ellos dos fotógrafos, uno de la agencia AFP, que fueron alcanzados por perdigones y piedras en momentos en que cubrían los enfrentamientos en el centro de Lima.
Un panorama que aumenta las preocupaciones de las organizaciones defensoras de la libertas de prensa. La Asociación Nacional de Periodistas exigió el cese de la represión policial y el otorgamiento de garantías a la labor de los comunicadores, así como el derecho a la protesta.
Además, la Organización de Naciones Unidas urge al Gobierno peruano a investigar las denuncias sobre presunto abuso policial durante las manifestaciones.
Ante este llamado, el embajador de la nación Unida en Ginebra, Luis Chuquihuara, prometió que su Gobierno indagará las acusaciones. «Si algún exceso ha habido se va a investigar», dijo.
Aun así, el funcionario matizó al declarar que existen respuestas necesarias por parte de la Fuerza Pública. «Perú está comprometido con las protestas sociales pacíficas, pero cuando lamentablemente algún sector minoritario de los manifestantes ha incurrido en violencia contra bienes del Estado o contra otros ciudadanos, las fuerzas del orden han tratado de restaurar la paz social», remarcó Chuquihuara.
Desde que iniciaron las protestas hace casi dos meses, al menos 56 personas han fallecido, 45 de ellas como resultado directo de los enfrentamientos.
La marcha del martes, la más grande de la última semana, se tornó violenta cuando los manifestantes, algunos con escudos metálicos, lanzaron piedras mientras la policía respondía con gases lacrimógenos, según testigos. Varias personas fueron detenidas.
“No hay tregua con Boluarte”
Los activistas reunidos en la capital, la mayoría indígenas y campesinos que llegaron a pie y en autobuses la semana pasada, no claudican en sus exigencias. Muchos de ellos descartan la «tregua nacional” que pidió la mandataria para encaminar un diálogo y poner fin a semanas de disturbios en todo el país.
“No hay tregua (…) Nos vamos a quedar en las calles hasta que saquen a Dina Boluarte y saquen al Congreso», desafió uno de los manifestantes después de una nueva jornada de la gran marcha en la capital, donde ratificaron que exigen la renuncia de la mandataria y la convocatoria a elecciones generales anticipadas.
En una conferencia de prensa con medios extranjeros, Boluarte, visiblemente emocionada, se disculpó varias veces por los fallecimientos en las movilizaciones.
Pero sus declaraciones con las que responsabilizó a los activistas de los actos violentos alejan por ahora cualquier posible conciliación.
La presidenta sostuvo que los mineros ilegales, los traficantes de drogas y los contrabandistas formaron una “fuerza paramilitar” para buscar el caos con fines políticos. También subrayó que los numerosos bloqueos de carreteras en todo el país y daños a la infraestructura le han costado al país más de 1.000 millones de dólares.
“No podemos tener una tregua cuando ella no dice la verdad”, replicó Blanca España Mesa, una manifestante de 48 años.
Boluarte también descartó dejar su cargo como reclaman las protestas.
«Me iré una vez que hayamos convocado elecciones generales (…) No tengo intención de permanecer en el poder», afirmó la jefa de Estado que este miércoles ratificó que en la próxima legislatura, prevista para febrero, el Congreso ratificaría el anticipo de comicios para abril de 2024.
Sin embargo y tras la destitución de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre, cuya Administración fue elegida hasta 2026, miles de manifestantes piden la renovación del Legislativo y del Ejecutivo de inmediato, así como un cambio de Constitución que evite nuevos colapsos abruptos de los Gobiernos elegidos.
La salida del exmandatario de izquierda ha despertado la ira especialmente en las regiones más empobrecidas del sur donde los habitantes, principalmente indígenas, sintieron que Castillo, con raíces indígenas, representaba sus intereses en lugar de los miembros de la élite de Lima.
Su destitución es vista por los habitantes de las zonas rurales como un golpe del Congreso contra un mandatario elegido democráticamente en las urnas. Pero la ola de protestas también evidencia una profunda división política, social y económica que atraviesa al país desde hace décadas.