Actualmente , en Chile la propiedad privada está consagrada constitucionalmente por sobre el bien común. Esto no es un secreto para nadie, y de ello hay varios ejemplos, pero probablemente el mas evidente es que Chile es el único país del mundo donde el agua, está en manos de privados. En este país, las empresas sanitarias cobran por proveer el agua para el consumo humano- agua que se les ha entregado gratuitamente y a perpetuidad-, luego darle tratamiento -en algunos casos-, y muchas veces se quedan con el agua tratada a través de los derechos de propiedad. Además de constatar esta realidad, son muchos los lugares, que no pueden ser abastecidos por agua potable (en zonas rurales, la carencia de agua potable puede alcanzar un 80% para las personas más vulnerables según Fundación Amulen, 2020) y en otros casos, el tratamiento de las aguas servidas es inexistente a pesar de ser cobrado (por ejemplo, los casos de aguas Araucanía en Temuco y de Essal en Los Lagos).
Otro ejemplo de bien común en manos de privados es la utilización de los límites ribereños para fines comerciales. El uso no público del borde costero, los bordes de ríos, de lagos y humedales, es una práctica que ha sido frecuentemente denunciada por las comunidades afectadas. Si bien la zona que limita las aguas y tierra está estipulada como bien de uso público, numerosos son los territorios donde playas, bordes de ríos, y lagos han sido mal utilizadas por privados (por ejemplo, playas privadas) afectando o incluso devastando los ecosistemas que ahí habitan. Un ejemplo crítico es la construcción de proyectos inmobiliarios; los que, apoyados en la falta de normativas claras, de regulación, de fiscalización, y por sobre todo la falta de ética y criterio de algunas autoridades; no sólo no respetan la ley, sino que ponen en riesgo la vida de la población y el derecho de las personas a acceder a estos bienes comunes.
Un territorio donde lamentablemente convergen, tanto la problemática de la mala gestión privada de las aguas y el mal uso de los límites agua-tierra, es la caleta de Los Molles, en la Región de Valparaíso, comuna de la Ligua; donde la población debe pagar a una empresa sanitaria (Aguas San Isidro) por el abastecimiento con agua salada (no potable), que no cumple con los estándares mínimos de calidad de aguas; y además un grupo de inescrupulosos empresarios ha llegado para ocupar las playas de esta zonas construyendo un complejo inmobiliario. Esta situación lleva años siendo denunciada por los vecinos y vecinas de Los Molles; y como ONG Codeciam la reportamos hace mas de seis años a través de un informe técnico (Codeciam 2015, parte 1) solicitado por la comunidad. Los resultados de este informe revelaban ya el año 2015 que la planta Agua Potable Los Molles (propiedad en ese entonces de Agua Potable Los Molles S.A de la familia Obrech) no cumplía con los parámetros de calidad requeridos para el agua potable, lo que que además se agraba en la epoca estival con la llegada de población flotante (veraneantes) que aumenta la demanda de agua. Esta situación se ha mantenido a lo largo de los años, y si bien nuevos actores privados han entrado en escena (actualmente es Aguas San Isidro), esta compleja problemática ambiental persiste. ¿Que pasa con la Superintendencia de Servicios Sanitarios?, que ha permitido esta situación por décadas.
En la última década, además de ver cada vez más diminuido su acceso al agua, la comunidad ha visto cómo el humedal y la playa de los Los Molles han sido completamente destruidos por la invasión inmobiliaria, e inexplicablemente se siguen aprobando proyectos de construcción en altura, el ultimo de ellos que consiste en la segunda torre de más de 200 departamentos.
El humedal de Los Molles es parte del sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad “Los Molles – Pichidangui” y alberga una rica biodiversidad que se ha visto desplazada a causa de la continúa intervención y devastación del lugar (Codeciam 2015, parte2). Este territorio, se compone en buena parte de un humedal costero de aguas estuarinas, es decir, una zona de intercambio de gua dulce y salada (imagen portada), el que cumple importantes funciones en los ciclos ecológicos e hidrológicos al ser un sistema donde estas aguas se mezclan y generan condiciones particulares para la vida.
La destrucción del humedal Estuario Los Molles y el Estero Los Coiles, tuvo su primer hito en los años 90 con el relleno de una parte del terreno para convertirlo en estacionamiento, a lo que de manera inexplicable siguió la construcción de «BordeMar» de inmobiliaria Nobleza, proyecto inmobiliario de cuatro torres de cinco pisos cada una que suman 160 departamentos, justo sobre la boca del Humedal Estuario Los Molles, en una zona inundable a todas luces (Figura 1), que incluso esta señalada como zona de riesgo de Tsunami por la ONEMI y que estando dentro del borde costero y no contar con factibilidad de agua potable, fue autorizado por la Municipalidad de La Ligua. Vecinos del sector han denunciado en múltiples oportunidades las irregularidades de este proyecto inmobiliario, serias irregularidades que van desde el no haber ingresado al Sistema de Evaluación Ambiental, hasta la emisión de Permisos de Edificación y Certificados de Informes Previos irregulares por parte de esta Municipalidad. Sin ir más lejos, el año 2000 Inmobiliaria Borde Mar S.A. presentó una Declaración de Impacto Ambiental para la construcción de una Planta de tratamiento para las aguas servidas de estos 160 departamentos, siendo éste aprobado a pesar de proyectarse en una zona que en el Plan Intercomunal Valparaíso SBCN corresponde a una zona de clasificación AEU-1 (área de extensión Urbana) que no permite Plantas de Tratamiento o Infraestructura Sanitaria.