El Senado de Chile aprobó por estrecho margen la reforma económica y tributaria impulsada por el presidente José Antonio Kast, considerada la principal apuesta de su gobierno para reactivar una economía estancada. La iniciativa, que reduce impuestos a las empresas, crea incentivos para grandes inversiones y modifica normas tributarias, deberá regresar a la Cámara de Diputados tras incorporar cambios durante su paso por la cámara alta, mientras la oposición anuncia acciones ante el Tribunal Constitucional.
La aprobación de los artículos centrales se concretó por 26 votos a favor y 24 en contra, en una votación que evidenció la fuerte división política en torno al proyecto. Con este resultado, el Ejecutivo consigue su primer gran avance legislativo desde el inicio de su mandato en marzo, cuando anunció un plan de emergencia para reactivar la economía.
Al término de la sesión, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó el resultado de la votación.
«Hoy es un día importante para Chile. Chile necesita crecer y este proyecto lo hace posible», afirmó.
Pese al respaldo obtenido en el Senado, la iniciativa aún no concluye su tramitación. Debido a las modificaciones incorporadas durante la discusión, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputados para su revisión final.
Principales medidas de la reforma
El eje de la propuesta consiste en una reducción gradual del impuesto corporativo, que disminuirá desde el 27% actual al 23% en 2029, con el objetivo de incentivar la inversión, atraer nuevos capitales y fortalecer la competitividad del país.
La iniciativa también crea un régimen de estabilidad tributaria para grandes inversiones. Las empresas que inviertan entre 50 y 100 millones de dólares podrán acceder a diez años de invariabilidad tributaria; aquellas con inversiones entre 100 y 350 millones de dólares contarán con una garantía de quince años, mientras que los proyectos superiores a 350 millones de dólares podrán mantener sus condiciones tributarias durante veinte años.
Entre las medidas adicionales destacan los incentivos para la repatriación de capitales, la exención temporal del IVA para la compra de viviendas, beneficios tributarios para adultos mayores propietarios de su primera residencia y la creación del denominado «derecho al olvido financiero», mecanismo que permitirá eliminar de los registros las deudas prescritas o extinguidas luego de cinco años.
Asimismo, el proyecto incorpora medidas destinadas a agilizar la obtención de permisos para proyectos de inversión y establece compensaciones para empresas cuyos proyectos sean anulados por resoluciones relacionadas con evaluaciones ambientales.
Debate y críticas
Uno de los aspectos más controvertidos fue precisamente la compensación a inversionistas afectados por decisiones ambientales. La oposición sostiene que esta disposición podría debilitar los mecanismos de protección ambiental y favorecer intereses privados por sobre el interés público.
La senadora Yasna Provoste calificó parte de la iniciativa como una «amnistía tributaria», mientras que parlamentarios de centroizquierda e izquierda anunciaron que recurrirán al Tribunal Constitucional.
Por su parte, la senadora Claudia Pascual advirtió que la reducción de impuestos podría afectar seriamente las finanzas públicas.
«Es un día negro para las arcas fiscales», señaló durante el debate.
Las observaciones también han sido respaldadas por organismos técnicos, entre ellos el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional (FMI), que han advertido sobre los riesgos que una disminución de la carga tributaria podría representar para el equilibrio fiscal si el crecimiento económico proyectado no logra compensar la menor recaudación.
Un escenario económico desafiante
La discusión de esta reforma se desarrolla en un contexto económico complejo. Durante el primer trimestre del año, el Producto Interno Bruto (PIB) registró una contracción del 0,5%, mientras que el desempleo alcanzó el 9,4% en el trimestre móvil comprendido entre marzo y mayo, su nivel más alto desde mediados de 2021.
El Gobierno sostiene que la reforma permitirá estimular la inversión privada, generar nuevos empleos y acelerar la reconstrucción de las regiones del Biobío y Ñuble, afectadas por los incendios forestales.
Analistas consideran que el proyecto reafirma la orientación económica de la administración Kast, caracterizada por un mayor protagonismo del sector privado y una reducción del rol del Estado en la economía.
Ahora, la Cámara de Diputados deberá revisar las modificaciones introducidas por el Senado. En caso de que alguna de ellas sea rechazada, el proyecto pasará a una comisión mixta, lo que podría extender durante varios meses la tramitación de una de las reformas económicas más relevantes y debatidas del actual Gobierno.