Por Patricio Luco Torres
Hay noticias que no deberían leerse con la indiferencia de quien revisa el precio del pan o el resultado de un partido de fútbol. Hay noticias que obligan a detenerse, cerrar el diario y preguntarse en qué clase de país se está convirtiendo Chile. La rebaja de condenas a personas sentenciadas por violación y abuso sexual contra menores es una de ellas.
Según informaciones publicadas en octubre de 2026, el Gobierno de José Antonio Kast concedió 56 rebajas de condena a personas condenadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes: 29 por violación y 27 por abuso sexual. Detrás de esas cifras hay una realidad que no cabe en un decreto administrativo ni se resuelve con una explicación jurídica. Hay víctimas, infancias vulneradas y familias que deben cargar con las consecuencias de una violencia que ninguna resolución puede borrar.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, ha defendido estas decisiones señalando que se ajustan a la interpretación de la Corte Suprema sobre la aplicación temporal de la legislación. El argumento merece ser examinado jurídicamente. Pero también merece una pregunta política: ¿basta con invocar una interpretación legal para cerrar la discusión sobre la responsabilidad del Gobierno?
José Antonio Kast llegó a La Moneda con un discurso centrado en el orden, la autoridad y el cumplimiento de la ley. Sin embargo, gobernar no consiste solamente en exigir disciplina a los ciudadanos, endurecer el lenguaje frente a la delincuencia o convertir la seguridad en una consigna de campaña. Gobernar significa asumir las consecuencias de las decisiones del Estado, explicar sus fundamentos y responder ante la sociedad cuando están en juego derechos fundamentales.
Y aquí aparece una contradicción que el Ejecutivo no puede eludir: ¿cómo se sostiene un discurso de autoridad cuando las decisiones de la propia administración reducen las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores?
No se trata de desconocer el principio de legalidad ni de exigir que los tribunales y las autoridades actúen fuera de la ley. Un Estado democrático debe respetar las normas, las garantías judiciales y la aplicación temporal de las leyes. Precisamente por eso, el Gobierno tiene la obligación de transparentar los fundamentos de cada decisión, explicar qué criterios utilizó y aclarar por qué consideró procedente conceder estos beneficios.
La pregunta no es solamente si podía hacerlo. La pregunta es qué hizo para garantizar que cada caso se examinara rigurosamente y que los derechos de las víctimas no terminaran convertidos en una nota al pie de página.
Porque la infancia no puede ser el territorio donde la burocracia se lava las manos.
Una condena por violación o abuso sexual contra un niño no es un simple número dentro de una carpeta ministerial. Es el resultado de un proceso judicial que reconoce la existencia de un delito y determina una sanción. Cualquier modificación de esa sanción debe explicarse con claridad, especialmente cuando el beneficio alcanza a personas condenadas por crímenes que lesionan de manera profunda la integridad y la dignidad de menores de edad.
El problema político del Gobierno de Kast no se resuelve culpando automáticamente a un funcionario ni convirtiendo cada decreto en una condena anticipada contra quien lo firma. Se resuelve exigiendo responsabilidades, transparencia y explicaciones verificables. Si el Ejecutivo sostiene que actuó conforme a derecho, debe demostrarlo con los antecedentes de cada expediente y someter sus decisiones al escrutinio público.
La derecha suele hablar de las víctimas cuando necesita defender el endurecimiento de las penas. Pero las víctimas no pueden convertirse en una bandera que se levanta durante las campañas y se guarda en un cajón cuando la administración debe explicar decisiones incómodas. Los derechos de los niños no pueden depender del color político de quien gobierna ni del oportunismo de una declaración pública.
Y hay algo todavía más grave: la confianza en la justicia se deteriora cuando la ciudadanía percibe que las sanciones pueden reducirse sin que exista una explicación comprensible y suficientemente transparente. Esa desconfianza no se combate con comunicados ministeriales. Se combate con información, rendición de cuentas y decisiones que puedan ser examinadas por la sociedad.
En este caso, el Gobierno debe responder preguntas elementales: ¿cuáles fueron los fundamentos individuales de las 56 rebajas? ¿Qué disposiciones legales se invocaron? ¿Qué diferencias existían entre los expedientes? ¿Qué mecanismos de revisión se aplicaron? ¿Qué información recibieron las víctimas y sus familias, cuando correspondía?
No son preguntas de una oposición caprichosa. Son preguntas que surgen de la obligación democrática de fiscalizar el ejercicio del poder.
José Antonio Kast tiene una responsabilidad política que no desaparece detrás de los tecnicismos administrativos. Eso no significa atribuirle automáticamente una intervención personal en cada expediente, sino exigirle que responda por la actuación de su Gobierno y garantice que las decisiones se ajusten a la ley.
Porque el poder no puede reclamar autoridad para los demás y refugiarse en la letra pequeña cuando le corresponde dar explicaciones.
En un país donde tantos niños y niñas han debido aprender demasiado pronto el significado del miedo, el Estado tiene una obligación que va mucho más allá de tramitar documentos: proteger, escuchar y no abandonar a quienes ya fueron vulnerados.
La justicia no es venganza. Tampoco es una operación contable en la que se descuentan días sin considerar la trascendencia social de las decisiones. Es un sistema de garantías, responsabilidades y sanciones que debe funcionar dentro de la ley y con respeto por la dignidad humana.
Por eso, estas rebajas exigen una explicación pública seria, completa y documentada. No basta con decir que la ley lo permite. Hay que explicar qué ley, qué interpretación, qué antecedentes y qué razones justificaron cada resolución.
Porque cuando se trata de la violencia sexual contra menores, la sociedad tiene derecho a exigir algo más que fórmulas administrativas.
Tiene derecho a saber.
Y el Gobierno de José Antonio Kast tiene el deber de responder.
La infancia no puede seguir siendo la gran ausente de los discursos sobre seguridad. Si el Estado exige autoridad a sus ciudadanos, debe comenzar por ejercer la suya con transparencia, responsabilidad y respeto irrestricto por los derechos de los niños.