El barro no distingue clases sociales. Baja de la cordillera, arrastra autos, golpea viviendas y convierte en segundos la seguridad de una comuna en una pesadilla.
Pero la política sí distingue. Y ahí comienza el problema.El aluvión de Las Condes dejó una pregunta incómoda para el gobierno de José Antonio Kast: ¿por qué las decisiones extraordinarias parecen llegar con distinta velocidad dependiendo de dónde ocurre la tragedia?
En julio, Coquimbo sufrió muertos, miles de damnificados y viviendas destruidas. Para decretar el estado de excepción constitucional de catástrofe hubo que esperar seis días. En Las Condes, la declaración de zona afectada por catástrofe llegó aproximadamente cinco horas después.Son instrumentos legales distintos, es cierto.
Pero la diferencia de tiempos sigue golpeando la puerta de La Moneda. Y merece una explicación que no se esconda detrás de los tecnicismos.No se trata de negar ayuda a los vecinos de Las Condes. Sería miserable convertir el sufrimiento de las familias en una disputa de trincheras políticas. La ayuda debe llegar a todos, sin importar el código postal ni el tamaño de la cuenta bancaria.
La cuestión es otra: ¿por qué el Estado no siempre parece caminar con la misma urgencia cuando la desgracia ocurre lejos de Santiago?Hay algo todavía más inquietante. El sector afectado arrastraba antecedentes de incendios y aluviones anteriores.
Las mallas de contención previstas no estaban instaladas. Ahora corresponde investigar por qué, quién era responsable y qué medidas podían haberse ejecutado antes.Porque después de la tragedia siempre aparecen las máquinas, los ministros, las declaraciones y las fotografías oficiales.
El barro se convierte en noticia; los funcionarios, en protagonistas; y el desastre, en una conferencia de prensa.Pero la prevención no tiene cámaras. No corta cintas ni entrega aplausos. Consiste en hacer el trabajo antes de que el agua baje con piedras, árboles y automóviles convertidos en juguetes.Un gobierno no puede controlar la lluvia.
Sí debe responder por la calidad de sus decisiones, por las obras que impulsa y por la protección que ofrece a la población.La naturaleza tiene sus propias leyes.
La desigualdad en la protección de las personas, en cambio, es una cuestión política.Y en Chile, donde las regiones conocen demasiado bien el abandono.
la pregunta sigue siendo brutalmente sencilla:¿Vale lo mismo una emergencia en Coquimbo que una emergencia en Las Condes?
No necesitamos que el barro responda. Necesitamos que el Gobierno lo haga.