Por Redacción | Con información de TRT Español
Bolivia atraviesa una de las crisis políticas, sociales y económicas más complejas de los últimos años. Más de un mes de protestas y bloqueos de carreteras mantiene paralizado gran parte del país, mientras aumenta la presión sobre el presidente Rodrigo Paz.
Las movilizaciones, que comenzaron a principios de mayo, ya han dejado al menos nueve fallecidos, severos problemas de abastecimiento y pérdidas económicas que superan los 2.100 millones de dólares, según estimaciones de la Cámara Nacional de Industrias de Bolivia.
Una crisis económica que detonó el conflicto
El origen de las protestas se encuentra en una combinación de factores económicos y políticos. Tras asumir el poder en diciembre de 2025, Rodrigo Paz puso fin a más de dos décadas de gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), liderado históricamente por Evo Morales y posteriormente por Luis Arce.
Uno de los cambios más controvertidos de la nueva administración fue la eliminación de los subsidios a los combustibles, una medida que el Gobierno justificó argumentando el deterioro de las reservas estatales tras años de financiamiento del sistema.
Sin embargo, la decisión provocó un fuerte aumento en los costos de transporte y un encarecimiento generalizado de productos básicos, alimentando el malestar ciudadano.
Lo que inicialmente surgió como una protesta contra el alto costo de la vida y la escasez de combustible terminó transformándose en una movilización nacional que hoy exige directamente la renuncia del mandatario.
Carreteras bloqueadas y ciudades afectadas
Las protestas son encabezadas por la Federación de Campesinos Tupac Katari, la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones vecinales de El Alto y sectores vinculados al expresidente Evo Morales.
Los bloqueos comenzaron en La Paz y El Alto, pero posteriormente se extendieron a ocho de los nueve departamentos del país.
Actualmente existen cerca de un centenar de puntos de bloqueo que dificultan el transporte de alimentos, medicamentos y combustible hacia las principales ciudades bolivianas.
La situación ha generado largas filas en estaciones de servicio, aumento en los precios de productos esenciales y dificultades para el funcionamiento normal de hospitales y centros de salud.
En algunos mercados de La Paz, comerciantes reportan que el valor de productos como la carne y las verduras se ha duplicado durante las últimas semanas.
Nueve muertos y preocupación internacional
La crisis también ha tenido un elevado costo humano.
Las autoridades reportan al menos nueve fallecidos relacionados directa o indirectamente con los bloqueos.
Entre los casos más recientes figura una paciente oncológica de 24 años que murió durante un traslado de emergencia desde Oruro hacia La Paz, luego de que los cortes de carretera retrasaran su atención médica.
También falleció un transportista que permaneció más de un mes atrapado en una ruta bloqueada mientras intentaba regresar a su hogar.
La situación llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a expresar preocupación por la escalada del conflicto y a solicitar tanto al Gobierno como a los manifestantes priorizar el diálogo.
La CIDH recordó que la protesta social constituye un derecho legítimo, aunque advirtió que los bloqueos prolongados pueden afectar derechos fundamentales como el acceso a la salud, la alimentación y la libre circulación.
Millonarias pérdidas económicas
Los efectos económicos de la paralización son cada vez más evidentes.
La Cámara Nacional de Industrias estima pérdidas superiores a los 2.100 millones de dólares.
El turismo aparece como uno de los sectores más golpeados. De acuerdo con cifras oficiales, las pérdidas ya superan los 1.230 millones de dólares debido a cancelaciones de viajes, interrupciones del transporte y el deterioro de la imagen internacional del país.
La crisis también afecta a pequeños comerciantes, productores agrícolas y trabajadores independientes que dependen del funcionamiento normal de las rutas y mercados.
El Gobierno endurece su postura
Frente al agravamiento del conflicto, el Gobierno de Rodrigo Paz ha comenzado a evaluar medidas más severas.
Recientemente, el Parlamento derogó una ley vigente desde 2020 que limitaba la participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de conmoción interna. Paralelamente, el Ejecutivo impulsó una iniciativa para ampliar las facultades de los organismos de seguridad.
Paz ha acusado a sectores radicalizados de intentar desestabilizar su administración y ha señalado que detrás de algunas movilizaciones existirían grupos vinculados al narcotráfico.
“Vamos a hacer cumplir lo que manda la Constitución”, afirmó el mandatario durante una intervención pública junto a autoridades militares y policiales.
Repercusiones regionales
La crisis boliviana ya comenzó a generar consecuencias diplomáticas y regionales.
Diversos gobiernos latinoamericanos han expresado preocupación por la situación y algunos países han enviado ayuda humanitaria para enfrentar los problemas de abastecimiento.
Chile anunció nuevos envíos de asistencia para las próximas semanas, mientras que Argentina estableció un puente aéreo para apoyar el transporte de suministros hacia las zonas más afectadas.
La tensión también alcanzó el plano diplomático después de que Bolivia expulsara a la embajadora colombiana, tras considerar como una injerencia las declaraciones realizadas por el presidente colombiano Gustavo Petro respecto al conflicto interno boliviano.
Un escenario incierto
Mientras continúan las negociaciones y los llamados al diálogo, Bolivia enfrenta un escenario marcado por la incertidumbre.
Con carreteras bloqueadas, dificultades de abastecimiento, una economía golpeada y una creciente polarización política, el Gobierno de Rodrigo Paz enfrenta el desafío más complejo desde su llegada al poder.
La evolución de las próximas semanas será determinante para establecer si el país logra encauzar la crisis mediante acuerdos políticos o si el conflicto continúa escalando con consecuencias aún más profundas para la estabilidad nacional.