El gobernador del estado mexicano de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó una licencia temporal a su cargo en medio de una grave crisis política, luego de que autoridades de Estados Unidos lo acusaran de presuntos vínculos con el narcotráfico y solicitaran su detención con fines de extradición.
El anuncio, realizado en un mensaje difundido durante la noche del viernes, se produjo pocas horas después de que también renunciara el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez, igualmente señalado en la investigación estadounidense.
Rocha Moya, militante del oficialista partido Morena y cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su decisión busca facilitar las investigaciones, aunque rechazó categóricamente las acusaciones, calificándolas como “falsas y dolosas”.
Acusación desde Nueva York y tensión bilateral
La imputación fue presentada por la fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, que acusa al gobernador y a otros nueve funcionarios de colaborar con el Cártel de Sinaloa para traficar grandes cantidades de droga hacia Estados Unidos.
El caso quedó en manos de la jueza Katherine Polk Failla y es liderado por el fiscal Jay Clayton, quien afirmó que estas organizaciones criminales “no podrían operar con tanta libertad sin la complicidad de funcionarios corruptos”.
La ofensiva judicial ocurre en un contexto particularmente sensible: la presión del presidente estadounidense Donald Trump para que México intensifique la lucha contra el narcotráfico y en plena revisión del tratado comercial T-MEC.
México exige pruebas y rechaza injerencia
Pese a la gravedad de las acusaciones, la Fiscalía General de México aseguró que, hasta el momento, no existen elementos suficientes para proceder con la detención provisional de los implicados.
“La solicitud carece de fundamentos y evidencia que justifiquen una acción inmediata”, señalaron autoridades del organismo.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente al gobernador y endureció el tono frente a Washington. Exigió pruebas “irrefutables” y advirtió que su gobierno no permitirá la intervención de autoridades extranjeras en territorio mexicano.
“Ningún gobierno extranjero puede vulnerar nuestra soberanía”, afirmó la mandataria, en una postura que ha marcado la línea oficial del caso.
El trasfondo: narcotráfico y política
El nombre de Rocha Moya ya había surgido anteriormente tras la captura en Estados Unidos de Ismael «El Mayo» Zambada, quien aseguró haber sido engañado para asistir a una reunión donde supuestamente participaría el gobernador. En ese momento, el mandatario negó cualquier vínculo y afirmó encontrarse fuera del país.
Ahora, la nueva acusación reabre ese episodio y eleva la presión política sobre el gobierno mexicano.
Un dilema para el gobierno de Sheinbaum
El caso representa un desafío sin precedentes para la administración de Sheinbaum: por primera vez, Estados Unidos apunta directamente contra un gobernador en funciones del partido oficialista.
Expertos advierten que México enfrenta un complejo escenario: si rechaza la extradición sin investigar a fondo, podría interpretarse como protección política; pero si accede a las demandas de Washington, arriesga una fractura interna y cuestionamientos sobre soberanía.
El principio jurídico internacional es claro: “o extraditas o juzgas”, lo que obligaría al gobierno mexicano a abrir una investigación interna si decide no entregar a los acusados.
Crisis en desarrollo
La salida temporal de Rocha Moya y la renuncia del alcalde de Culiacán buscan destrabar el proceso legal, ya que ambos contaban con fuero constitucional.
Sin embargo, el caso sigue escalando y amenaza con convertirse en una crisis mayor, con implicaciones judiciales, políticas y diplomáticas entre México y Estados Unidos.
En un momento clave para la relación bilateral, el desenlace de esta investigación podría redefinir los límites de la cooperación en materia de seguridad entre ambos países.