La Justicia peruana ordenó 14 meses de prisión preventiva para Pocho Pinto, investigado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral. Según la Fiscalía, habría ofrecido empleos de seguridad en Rusia con salarios de 2.300 dólares mensuales, pero los reclutados terminaron vinculados a la guerra contra Ucrania.
La Justicia de Perú ordenó 14 meses de prisión preventiva contra Pocho Pinto, un ciudadano peruano de 54 años investigado por presunta trata de personas con fines de explotación laboral, en una causa relacionada con el reclutamiento de compatriotas que terminaron combatiendo para Rusia en la guerra contra Ucrania.
La medida fue comunicada el sábado por el Ministerio Público peruano, mientras continúan las investigaciones sobre una presunta red que habría captado a ciudadanos mediante ofertas de trabajo que no correspondían con las actividades que finalmente debieron realizar.
De acuerdo con la Fiscalía, Pinto habría participado en el traslado de Julio Salazar y otras personas hacia Rusia en marzo de 2026. Salazar murió en el frente de batalla en abril, mientras que otros tres peruanos sobrevivieron.
Según la investigación, el acusado habría coordinado, financiado y facilitado el transporte internacional de las presuntas víctimas, a quienes se les habría ofrecido trabajar como personal de seguridad en una base militar rusa, con una remuneración de 2.300 dólares mensuales.
La investigación busca establecer las circunstancias en que se produjo el reclutamiento y determinar las eventuales responsabilidades penales. Los cargos contra Pinto corresponden a una investigación en curso y no constituyen una condena.
Rusia reconoce la presencia de peruanos en sus fuerzas armadas
En abril, la embajada de Rusia en Perú reconoció que ciudadanos peruanos habían firmado contratos para prestar servicio militar en las fuerzas armadas rusas. La representación diplomática sostuvo que esas decisiones fueron voluntarias y se ajustaron a la legislación de su país.
Sin embargo, las denuncias sobre posibles engaños en los procesos de reclutamiento han motivado investigaciones en distintos países, ante la sospecha de que algunas personas habrían viajado con la expectativa de conseguir empleos civiles y terminaron involucradas en operaciones militares.
Denuncias de reclutamiento en varios países
Un informe de Amnistía Internacional publicado en septiembre advirtió sobre el reclutamiento de miles de personas procedentes de países de menores ingresos, entre ellos Brasil, Colombia, Cuba, Sri Lanka y Sudáfrica, mediante presuntas prácticas engañosas.
En América Latina, las autoridades peruanas y bolivianas mantienen investigaciones abiertas sobre estos mecanismos de captación. En Colombia, la Cancillería ha informado de más de 800 reportes de ciudadanos que estarían en situaciones similares.
En julio, la embajada rusa en Colombia negó tener vínculos con redes de reclutamiento, después de que una investigación del medio Noticias Caracol difundiera testimonios y documentos de colombianos que denunciaron haber sido enviados al frente de batalla.
El caso peruano se suma así a las investigaciones que buscan esclarecer cómo operan estas redes, cuáles fueron las condiciones ofrecidas a los reclutados y si existieron engaños para incorporarlos a las fuerzas que participan en la guerra entre Rusia y Ucrania.