La ONU advierte sobre posibles crímenes de lesa humanidad tras el desplazamiento de miles de personas de tres campamentos de refugiados. Israel sostiene que sus operaciones buscan combatir a grupos armados y cuestiona las conclusiones del organismo. En paralelo, la violencia de colonos y las disputas por tierras vuelven a tensionar el territorio ocupado.
Las historias de Dania Abu Haikal y Alia al-Hallaq tienen un elemento en común: ambas hablan de la pérdida de un hijo y de una casa que dejó de sentirse como antes.
“Lloro todos los días por la pérdida de mi hijo Sam. Era la alegría de nuestra vida. Era nuestra vida. Era la felicidad de este hogar. Ahora la casa está vacía”, relata Abu Haikal.
Alia al-Hallaq describe un dolor similar tras la muerte de Mohammed.
“Perdí mi vida después de perder a Mohammed. No hay vida después de perder a Mohammed”, afirma.
Sus testimonios forman parte de un escenario mucho más amplio en la Cisjordania ocupada, donde las operaciones militares israelíes, los ataques de colonos, los desplazamientos de población y las disputas por tierras se han convertido en algunos de los principales focos de tensión.
Un nuevo informe de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sitúa la situación en un punto especialmente crítico: 33.362 palestinos de los campamentos de Jenin, Tulkarem y Nur Shams continuaban desplazados hasta julio de 2026 y no habían podido regresar a sus hogares.
Una operación militar y miles de desplazados
La operación israelí denominada “Muro de Hierro” comenzó en enero de 2025 en el norte de Cisjordania.
Según Naciones Unidas, durante las primeras semanas de la operación murieron 102 palestinos, entre ellos 21 menores. El organismo afirma además que las fuerzas israelíes destruyeron o dañaron viviendas e infraestructura, interrumpieron servicios básicos y desplazaron a la población de los tres campamentos.
La ONU sostiene que las fuerzas israelíes obligaron a residentes a abandonar sus viviendas y que, posteriormente, se impidió su regreso.
El informe considera que el desplazamiento “a gran escala, prolongado y sistemático” plantea serias preocupaciones sobre la posible comisión del crimen de lesa humanidad de traslado forzoso. También advierte sobre posibles prácticas de castigo colectivo y expresa preocupación por el riesgo de una eventual “limpieza étnica”.
Se trata de conclusiones y advertencias formuladas por el organismo de Naciones Unidas y no de una sentencia judicial.
La situación, sin embargo, tiene una dimensión concreta para las familias afectadas: miles de personas continúan fuera de sus viviendas más de un año después del comienzo de la operación.
Una evaluación de Naciones Unidas había estimado que el 52% de las estructuras de Jenin estaban destruidas o dañadas. En Nur Shams el porcentaje alcanzaba el 48% y en Tulkarem el 36%.
Israel cuestiona las conclusiones
Israel rechaza las acusaciones contenidas en el informe de Naciones Unidas y cuestiona la actuación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
La posición israelí sostiene que las operaciones militares en el norte de Cisjordania tienen como objetivo combatir a grupos armados palestinos y responder a amenazas contra ciudadanos y fuerzas de seguridad israelíes.
La misión israelí ante Naciones Unidas acusó al organismo de abandonar, según su interpretación, los principios de imparcialidad, independencia y neutralidad.
El Gobierno israelí también ha defendido la permanencia de sus fuerzas en determinadas zonas del norte de Cisjordania y ha argumentado que el objetivo es impedir que los grupos armados recuperen posiciones desde las que puedan lanzar ataques.
La discusión, por tanto, enfrenta dos interpretaciones radicalmente diferentes de los mismos acontecimientos: para Israel, se trata fundamentalmente de una operación de seguridad contra organizaciones armadas; para Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos, algunas de las medidas adoptadas han provocado un desplazamiento de población que puede tener consecuencias jurídicas internacionales.
La violencia de los colonos vuelve a estar en el centro de la atención
La situación tampoco se limita a las operaciones militares.
La violencia protagonizada por colonos israelíes contra comunidades palestinas ha generado nuevas críticas internacionales.
Este sábado, 5 de septiembre, el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, visitó Turmus Ayya, localidad palestina de Cisjordania donde se ha registrado un aumento de los ataques de colonos.
Huckabee se reunió con palestinos estadounidenses, incluidos familiares de ciudadanos estadounidenses muertos en episodios de violencia atribuidos a colonos. El diplomático calificó algunos de estos ataques como “terrorismo” y reclamó consecuencias para sus responsables.
La visita se produjo después de nuevos episodios de violencia registrados en la zona.
El 2 de septiembre, dos adolescentes palestinos, de 16 y 19 años, murieron durante un enfrentamiento en Al Mughayyir, cerca de Ramala. Fuentes palestinas atribuyeron las muertes a disparos efectuados durante una incursión en la que participaron colonos y fuerzas israelíes.
El Ejército israelí afirmó que sus soldados intervinieron durante una “alteración violenta del orden” y que dispararon contra personas consideradas instigadoras. El Ejército señaló además que el incidente estaba siendo investigado.
La violencia de colonos constituye uno de los asuntos que más preocupación genera entre organizaciones internacionales y gobiernos occidentales.
La disputa por la tierra
Otro de los puntos centrales de la crisis es la tierra.
Amnistía Internacional denunció esta semana nuevas órdenes de confiscación de terrenos palestinos en la zona de Jenin. La organización sostiene que las medidas pueden contribuir a ampliar la presencia de asentamientos israelíes y a fragmentar territorialmente las comunidades palestinas.
Los asentamientos israelíes en Cisjordania son considerados ilegales por gran parte de la comunidad internacional y por Naciones Unidas, mientras Israel cuestiona esa interpretación y sostiene que el estatus definitivo del territorio debe resolverse mediante negociaciones.
La disputa tiene también una dimensión económica.
Los terrenos afectados incluyen zonas agrícolas y olivares de los que dependen familias palestinas. La pérdida de esas tierras podría afectar directamente los ingresos de comunidades rurales.
El Gobierno de Benjamin Netanyahu, por su parte, ha defendido públicamente la expansión de los asentamientos y ha reivindicado el derecho de los israelíes a vivir en la zona.
Un territorio cada vez más fragmentado
La situación en Cisjordania se desarrolla en un territorio donde el control está dividido entre Israel y la Autoridad Palestina y donde los asentamientos israelíes se han expandido durante décadas.
La violencia aumentó de manera significativa después del ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023 y de la posterior guerra en Gaza.
Desde entonces, también se ha producido un aumento de las operaciones militares israelíes en Cisjordania y de los ataques de colonos contra palestinos.
Organismos de Naciones Unidas han documentado desplazamientos de comunidades palestinas producto de ataques, restricciones de acceso y pérdida de tierras. En paralelo, Israel sostiene que enfrenta una amenaza persistente de grupos armados palestinos que operan en algunas zonas del territorio.
Ambas realidades coexisten en un escenario marcado por una creciente fragmentación territorial y política.
Una crisis que va más allá de las cifras
El dato de los 33.362 desplazados permite dimensionar el alcance del problema, pero no explica por sí solo lo que significa abandonar una vivienda sin saber cuándo será posible regresar.
Para algunas familias, significa vivir lejos de su barrio.
Para otras, perder una propiedad.
Para otras, perder una fuente de ingresos.
Y para algunas, significa afrontar la muerte de un hijo.
La frase de Dania Abu Haikal resume esa dimensión humana:
“La casa está vacía”.
Pero la historia de Cisjordania no puede reducirse solamente al dolor de una de las partes.
También existen familias israelíes que viven bajo el temor de ataques y comunidades que han sufrido atentados y violencia por parte de grupos armados palestinos.
Por eso, una cobertura responsable debe mantener separadas tres cuestiones que a menudo aparecen mezcladas: la seguridad de Israel, los derechos de la población palestina y el estatus político y jurídico del territorio.
La ONU denuncia posibles violaciones graves del derecho internacional. Israel rechaza esas conclusiones y defiende sus operaciones como medidas de seguridad. Organizaciones palestinas denuncian desplazamientos y pérdida de tierras. Organizaciones israelíes también han criticado la violencia de colonos.