La Corte Penal Internacional atraviesa uno de los momentos más delicados desde su creación en 2002. La ofensiva de Estados Unidos, la destitución de su fiscal jefe y la decisión de Venezuela de abandonar el Estatuto de Roma reabren el debate sobre el futuro de la justicia internacional.
Durante más de dos décadas, la Corte Penal Internacional (CPI) ha representado una idea tan ambiciosa como compleja: que incluso los responsables de los crímenes más graves —genocidio, crímenes de guerra o delitos de lesa humanidad— puedan responder ante la justicia cuando los tribunales nacionales no lo hacen.
Hoy, ese proyecto enfrenta uno de sus mayores desafíos.
En apenas unas semanas, la institución con sede en La Haya ha quedado en el centro de una tormenta política y diplomática. La administración del presidente estadounidense Donald Trump intensificó su ofensiva contra el tribunal; el fiscal jefe, Karim Khan, fue destituido en medio de un proceso que sacudió la credibilidad interna de la institución; y Venezuela notificó a Naciones Unidas su decisión de retirarse del Estatuto de Roma, el tratado que dio origen a la Corte.
Aunque se trata de acontecimientos distintos, todos convergen en una misma pregunta: ¿hasta qué punto puede resistir la Corte Penal Internacional la presión política de los Estados?
Una institución incómoda para las grandes potencias
Desde su creación en 2002, la Corte Penal Internacional ha tenido una misión difícil: investigar a quienes ocupan posiciones de poder cuando existen indicios de los crímenes más graves contemplados por el derecho internacional.
Ese mandato, sin embargo, inevitablemente ha generado tensiones.
Estados Unidos nunca ha ratificado el Estatuto de Roma y, durante años, distintos gobiernos estadounidenses han cuestionado la legitimidad del tribunal cuando sus investigaciones afectan intereses estratégicos de Washington o de sus aliados.
Con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, esa distancia se transformó nuevamente en una confrontación abierta.
La administración estadounidense endureció su postura mediante sanciones contra jueces y funcionarios de la Corte, cuestionando la autoridad del tribunal para actuar en determinadas investigaciones y promoviendo una estrategia destinada a reducir su influencia internacional.
Para Washington, la CPI representa una institución que excede los límites de su jurisdicción. Para sus defensores, en cambio, estas medidas constituyen un intento directo por debilitar uno de los principales mecanismos internacionales de rendición de cuentas.
La inesperada caída de Karim Khan
Mientras la presión política aumentaba desde el exterior, la Corte enfrentó una crisis dentro de su propia estructura.
Karim Khan, fiscal jefe desde 2021 y una de las figuras más visibles del tribunal, fue destituido tras un proceso relacionado con denuncias por conducta sexual indebida.
Su salida no solo implica un cambio de liderazgo. También deja a la institución sin su principal rostro en un momento especialmente delicado, cuando la Fiscalía mantiene investigaciones sobre algunos de los conflictos más sensibles del escenario internacional.
Khan ha rechazado las acusaciones y sostiene que las decisiones adoptadas en su contra carecen de fundamento. No obstante, el episodio ha generado un impacto inevitable sobre la imagen de una institución cuya legitimidad depende, en gran medida, de la confianza pública y del respaldo de sus Estados miembros.
Venezuela toma distancia de la Corte
En paralelo, Venezuela anunció el inicio de su retiro del Estatuto de Roma.
La decisión fue comunicada oficialmente a Naciones Unidas y se fundamenta en lo que el Gobierno de Nicolás Maduro define como una actuación «parcial» y «politizada» por parte de la Corte Penal Internacional.
No obstante, el anuncio tiene efectos limitados en el corto plazo.
El Estatuto establece que la salida de un Estado se concreta un año después de la notificación oficial. Además, abandonar el tratado no elimina la competencia de la Corte sobre hechos ocurridos mientras el país era parte del sistema.
Por ello, la investigación abierta por la Fiscalía sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela continuará desarrollándose conforme al derecho internacional.
Más que una crisis institucional
Lo que ocurre hoy en La Haya va mucho más allá de un cambio de autoridades o de la salida de un Estado miembro.
Especialistas en derecho internacional coinciden en que la Corte atraviesa una crisis que combina factores jurídicos, políticos y diplomáticos.
Por primera vez en años, el tribunal enfrenta simultáneamente cuestionamientos sobre su liderazgo interno, presiones externas de una potencia mundial y señales de debilitamiento en el consenso internacional que permitió su creación.
Sin embargo, la institución conserva un respaldo significativo.
Más de un centenar de países siguen formando parte del Estatuto de Roma y consideran que la existencia de un tribunal penal permanente continúa siendo un elemento esencial para combatir la impunidad frente a los crímenes más graves.
El desafío de preservar la justicia internacional
La Corte Penal Internacional nació después de décadas de debates sobre cómo evitar que atrocidades como los genocidios, las limpiezas étnicas o los crímenes de guerra quedaran sin castigo.
Su existencia nunca ha estado exenta de críticas ni de controversias políticas. Pero la situación actual pone de manifiesto un desafío mayor: demostrar que puede mantener su independencia en un escenario internacional donde las disputas geopolíticas pesan cada vez más sobre las instituciones multilaterales.
Los próximos meses serán determinantes. La elección de un nuevo fiscal jefe, la continuidad de investigaciones de alto impacto y la respuesta de los Estados Parte marcarán el rumbo de una institución cuya legitimidad será puesta nuevamente a prueba.
Más allá de las diferencias políticas que rodean al tribunal, el debate de fondo permanece abierto: ¿puede la justicia internacional actuar con independencia cuando sus decisiones afectan a gobiernos poderosos o a líderes respaldados por ellos?
La respuesta no solo definirá el futuro de la Corte Penal Internacional. También dirá mucho sobre la capacidad del sistema internacional para defender el principio de que ningún crimen de lesa humanidad debe quedar impune, sin importar quién lo haya cometido.