Por Patricio Luco Torres
El triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil tiene un significado que va mucho más allá de una elección presidencial. Es una oportunidad para frenar el avance de la ultraderecha en América Latina y defender una democracia amenazada por la polarización, la desigualdad y el desprestigio de la política.
Lula obtuvo el 51,76 % de los votos válidos, frente al 48,24 % de Flávio Bolsonaro, en la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre de 2026. La diferencia fue de apenas 3,52 puntos porcentuales.
Las cifras hablan por sí solas. Lula ganó, pero la ultraderecha conserva una fuerza electoral enorme. Casi la mitad de los votos válidos fue para su adversario. No estamos ante una derrota definitiva del bolsonarismo, sino ante una oportunidad para impedir que su proyecto siga avanzando.
La tesis es clara: América Latina no puede limitarse a celebrar la victoria de Lula; debe convertirla en un punto de partida para defender la democracia y enfrentar las condiciones sociales que favorecen el crecimiento de la ultraderecha.
¿Por qué importa tanto lo ocurrido en Brasil? Porque Brasil es la mayor economía de América Latina y uno de los actores políticos más importantes de la región. Su orientación política influye en la integración continental, las relaciones internacionales, las políticas sociales y la discusión sobre el papel del Estado frente a la desigualdad.
La victoria de Lula demuestra que la derecha radical puede ser derrotada en las urnas. También demuestra que su crecimiento no puede subestimarse. Los discursos que prometen orden y seguridad encuentran apoyo cuando las personas sienten que sus problemas no tienen respuesta, que las instituciones no funcionan y que los gobiernos han dejado de escucharlas.
La ultraderecha no crece en el vacío. Crece sobre el descontento, la frustración y la pérdida de confianza. Aprovecha los temores de la población y ofrece respuestas simples a problemas complejos. El peligro aparece cuando esas respuestas justifican la discriminación, debilitan los derechos o presentan al adversario político como un enemigo que debe ser eliminado de la vida pública.
América Latina conoce las consecuencias del autoritarismo. Las dictaduras dejaron muertos, desaparecidos, perseguidos y exiliados. Destruyeron familias y quebraron proyectos de vida. Esa memoria no pertenece únicamente al pasado: constituye una advertencia frente a cualquier proyecto que pretenda subordinar los derechos de las personas al poder.
Pero recordar la historia no es suficiente. Tampoco basta con denunciar a la ultraderecha o descalificar a quienes la respaldan.
Las fuerzas democráticas deben responder a los problemas concretos de la ciudadanía. La inseguridad, los bajos salarios, la precariedad laboral, la corrupción y la desigualdad no pueden quedar fuera de la agenda. Cuando la política democrática no ofrece respuestas, otros proyectos ocupan ese espacio.
Por eso, frenar a la ultraderecha exige algo más que acuerdos electorales. Exige reconstruir la confianza pública, fortalecer las organizaciones sociales, defender la libertad de prensa, garantizar los derechos laborales y demostrar que la democracia puede mejorar las condiciones de vida de la mayoría.
La izquierda tiene una responsabilidad particular. No puede atribuir todas sus derrotas a campañas de desinformación ni suponer que su historia le garantiza el respaldo popular. Debe gobernar con eficacia, rendir cuentas y reconocer sus errores. La justicia social necesita políticas concretas, no solamente discursos.
El resultado brasileño deja una advertencia para toda la región: el 51,76 % de Lula no borra el 48,24 % de Bolsonaro. La sociedad sigue dividida y esa división no desaparecerá con un cambio de gobierno.
En Chile, esta discusión también nos concierne. La defensa de la democracia no puede depender de la simpatía por un candidato o de la pertenencia a un partido. Debe sostenerse en principios fundamentales: respeto a los derechos humanos, pluralismo, libertad de expresión, instituciones democráticas y rechazo a la violencia política.
La unidad democrática no significa que todos deban pensar igual. Significa reconocer que las diferencias políticas no justifican destruir los derechos de los demás ni convertir las instituciones en instrumentos de venganza.
Lula tiene ahora la responsabilidad de demostrar que su victoria puede traducirse en resultados. Su gobierno deberá responder a las demandas sociales y gobernar en un escenario de fuerte polarización. Su éxito no está asegurado. Si las expectativas se frustran, la derecha radical conservará argumentos para intentar recuperar el poder.
Por eso, la victoria brasileña debe ser entendida como una oportunidad, no como una solución definitiva.
Frenar a la ultraderecha significa disputar el poder, pero también disputar las ideas, enfrentar la desigualdad y recuperar la confianza de quienes han dejado de creer en la democracia.
América Latina no necesita gobiernos que conviertan a sus adversarios en enemigos ni sociedades obligadas a elegir entre seguridad y libertad, entre crecimiento económico y justicia social. Necesita instituciones capaces de proteger los derechos y gobiernos que respondan a las necesidades reales de la población.
Lula ganó una elección. La tarea que comienza es mucho más difícil: demostrar que la democracia puede responder a las demandas sociales mejor que el autoritarismo.
Brasil ha abierto una oportunidad. Que se convierta en un punto de inflexión para América Latina dependerá de lo que hagan sus gobiernos, sus organizaciones sociales y sus ciudadanos.
La ultraderecha fue frenada en las urnas. Ahora corresponde impedir que el miedo, la desigualdad y la frustración vuelvan a abrirle el camino.