La seguridad no puede convertirse en el cheque en blanco de ningún gobierno.El Gobierno de José Antonio Kast propone un estado de excepción de seguridad pública por 240 días. Ocho meses.
Ocho meses en que el Ejecutivo podría ejercer facultades extraordinarias antes de que el Congreso tenga que volver a discutir su continuidad.Y aquí hay que dejar de hablar con eufemismos: 240 días son demasiado tiempo para dejar poderes excepcionales funcionando con una revisión política tan espaciada.Nadie puede negar que Chile enfrenta crimen organizado, violencia y territorios donde el Estado parece llegar tarde o simplemente no llegar.
Pero precisamente por eso hay que tener cuidado. Porque cuando un gobierno responde a una crisis entregándose más poder a sí mismo, la pregunta no es solamente qué quiere hacer con ese poder, sino quién controla al que lo ejerce.Un estado de excepción no es una herramienta cualquiera. Permite restringir libertades y ampliar las capacidades del Ejecutivo. Por eso nació como una medida extraordinaria, no como una forma cómoda de administrar el país.El peligro aparece cuando la excepción comienza a durar tanto que deja de parecer excepción.Ocho meses son suficientes para que una medida extraordinaria se vuelva paisaje.Para que la presencia permanente de poderes excepcionales termine pareciendo normal. Para que la ciudadanía se acostumbre a que, frente a cada problema, la respuesta sea entregar más facultades al gobierno.Y una democracia que se acostumbra a eso empieza a perder algo más importante que una discusión legislativa: pierde el reflejo de desconfiar del poder.
La seguridad es necesaria. Pero la seguridad sin controles puede convertirse en otra forma de inseguridad: la inseguridad de no saber hasta dónde puede llegar el Estado.Kast tiene derecho a combatir el crimen con firmeza. Lo que no debería tener es un cheque en blanco.
El Congreso tendrá que hacer su trabajo. No está ahí para aplaudir al Gobierno ni para convertirse en una oficina que simplemente ratifique sus decisiones. Está para controlar, fiscalizar y poner límites cuando corresponda.Porque el crimen organizado debe ser enfrentado con toda la fuerza de la ley. Pero la ley también debe ponerle límites al poder político.
Chile ya sabe, y demasiado bien, lo que ocurre cuando las facultades extraordinarias dejan de ser extraordinarias.Por eso la discusión no es entre seguridad y delincuencia.
La discusión real es mucho más incómoda:¿Queremos un Estado capaz de perseguir al delincuente o un Ejecutivo con cada vez menos obstáculos para ejercer el poder?Porque una democracia puede sobrevivir a ocho meses de combate contra el crimen.Lo que no debería hacer es acostumbrarse a vivir ocho meses sin mirar de cerca las manos de quien tiene el poder.