Amplia mayoría de chilenos rechazó la propuesta de nueva Constitución

Los chilenos dijeron «Rechazo» a la nueva Constitución, propuesta para sustituir el actual texto, favorable al mercado y que data de la dictadura de Augusto Pinochet. Con el 72,20% de los votos, el 62,20% de los electores dijeron «No» al proyecto, mientras que el 37,80% le dio su aprobación. Más de 15 millones de ciudadanos estuvieron habilitados para participar en el plebiscito obligatorio. 

La victoria del «rechazo» es vista ya como irreversible y mantiene abierto el proceso de cambio constitucional que se presentó como solución para resolver las tensiones del estallido social de 2019.

Tras aprobar redactar una nueva Constitución (en 2020) y elegir a los miembros de la Convención para escribirla (en 2021), el país decidió finalmente a través de un plebiscito obligatorio este domingo rechazar la Carta Magna propuesta.

La coalición de gobierno que lidera el presidente Gabriel Boric había propuesto cambios incluso si la Constitución se aprobaba, en un intento de mitigar los miedos de los partidarios del «rechazo» ante ciertas propuestas del texto que veían como «radicales».

Boric, que defendía el «apruebo», convocó para este lunes a todos los partidos para dar continuidad al «proceso constituyente».

«Puedo garantizar que nuestra voluntad y nuestra acción, independiente de cual sea el resultado, será convocar a una amplia unidad nacional de todos los sectores», dijo Boric, elegido como presidente en diciembre de 2021, al votar la mañana del domingo.

Con el triunfo del «rechazo» la Constitución de 1980, escrita durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y reformada de forma parcial en democracia, seguirá vigente pese a que la abrumadora mayoría (casi 80%) votó por su reemplazo.

Se espera ahora que haya algún tipo de acuerdo entre sectores políticos para modificar el texto actual o proponer la redacción de otra nueva versión de Carta Magna.

• La población carcelaria vota por primera vez en Chile

Este año se hizo efectiva por primera vez la norma instaurada en la actual Constitución chilena que indica que las personas privadas de la libertad, pero por delitos menores que conlleven penas inferiores a tres años de cárcel, tienen derecho a votar.

Aunque se trata de una normativa de larga data, no había sido puesta en práctica, debido a que los reclusos no podían trasladarse a los centros de votación en los que estaban inscritos cerca a sus viviendas.

Sin embargo, a finales de 2021 la Corte Suprema emitió un fallo que ordena que los presos puedan registrar la dirección de las cárceles en que se encuentran como su actual lugar de residencia. Por tanto, para esta consulta fueron trasladadas urnas a catorce prisiones del país, dando lugar a un voto inédito en la nación.

Entre los detenidos que cumplen con los requisitos para acceder al sufragio, alrededor de 1.000 fijaron su domicilio electoral en los establecimientos penitenciarios, por lo que estuvieron habilitados para participar en esta histórica jornada.