Argentina: entre el negacionismo y el clamor de justicia, 48 años después del inicio de la dictadura

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas derrocaron al Gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón y conformaron una junta militar que estableció un nuevo sistema político, económico y social. Al mismo tiempo, se diseñó un mecanismo de detención, tortura y exterminio de personas en el país. Cuarenta y ocho años después del inicio de la dictadura y tras 41 años de su fin, Argentina se encuentra frente a un Gobierno de tendencia negacionista y una sociedad que sigue exigiendo memoria, verdad y justicia.

“Lo que ustedes llaman aciertos son errores, los que reconocen como errores son crímenes y lo que omiten son calamidades”, escribió el periodista argentino Rodolfo Walsh en la Carta abierta a la Junta Militar, publicada el 24 de marzo de 1977, al cumplirse un año del inicio de la dictadura cívico-militar en Argentina.

El 24 de marzo de 1976 marcó un hito trágico en la historia argentina: el inicio de una de las épocas más oscuras y dolorosas del país. Hace 48 años, las Fuerzas Armadas argentinas tomaron el control del gobierno con un golpe de Estado que derrocó a la presidenta constitucional, María Estela Martínez de Perón, instaurando así una dictadura cívico-militar que perduró hasta diciembre de 1983.

sta junta militar, liderada en un comienzo por el teniente general Jorge Rafael Videla, inauguró un régimen, que se extendió por siete años, marcado por censura, tortura sistemática y desaparición forzada de al menos 30.000 personas, según estimaciones de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos.

Durante esos años, la dictadura implementó una política de terrorismo de Estado con métodos para silenciar a la oposición y perpetuar su régimen.

A lo largo y ancho del país se establecieron alrededor de 800 centros clandestinos de detención, según datos de la Secretaría de Derechos Humanos, perteneciente al Ministerio de Justicia de Argentina, entre los que se destaca la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

El ente gubernamental calcula que por la ESMA pasaron unos 5.000 detenidos.

Este 24 de marzo, más relevante que nunca

Un ejemplo de aquella época es Victoria Donda Pérez, quien nació en agosto de 1977, durante el cautiverio en la ESMA de su madre María Hilda Pérez y fue apropiada -como se conoce al robo de menores en la época- por el prefecto Juan Antonio Azic. En 2004 recuperó su identidad.

Donda Pérez, abogada y activista de derechos humanos, fue diputada nacional y actualmente es parlamentaria del Mercosur por Argentina. En diálogo con France 24, resalta que este 24 de marzo de 2024 es fundamental marchar en la Plaza de Mayo. “Creo que ningún 24 revistió tanta importancia como este”, dice.

«Por primera vez tenemos un presidente que no niega la dictadura, sino que la reivindica e ironiza sobre los 30.000 desaparecidos, y una vicepresidenta que habla de morbo y de placer al hablar de la dictadura”, señala.

Organismos de derechos humanos, como la Asociación Madres de Plaza de Mayo, familiares de víctimas y sobrevivientes agrupados en la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, han dedicado décadas a esclarecer los crímenes cometidos durante aquellos años y llevar a los responsables ante la justicia.

“Los procesos de memoria, verdad y justicia que han sucedido y los movimientos que han estado muy presentes a partir de la última dictadura militar han sido muy fuertes y muy vigentes en la Argentina”, explica a France 24 José Luis Irazola, docente de una escuela preuniversitaria y psicólogo.

Y señala que en los últimos años se ha dado un giro, “en donde ha empezado a darse un discurso de derecha negacionista, que ha atentado contra todo tipo de símbolos y es, al mismo tiempo, muy propiciado por las redes sociales.”

En este contexto, el aniversario del golpe militar no solo recuerda el pasado, sino también invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de Argentina. Aunque se han logrado avances significativos en materia de juicio y castigo a los perpetradores de violaciones a los derechos humanos, como el juicio a las Juntas Militares que perpetraron el golpe de Estado, todavía hay desafíos pendientes.

Gobierno de Milei: negacionismo y reivindicación a la dictadura

En los últimos 20 años las posturas han variado. Durante los Gobiernos peronistas de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) se derogaron las leyes de impunidad, se reabrieron causas judiciales y se realizaron juicios a acusados de crímenes de lesa humanidad.

Con el cambio de gobierno, en 2015, y la llegada del conservador Mauricio Macri a la Presidencia, se evidenciaron recortes presupuestarios en un 30%, según informes del Ministerio de Justicia, en el área de Derechos Humanos, que afectaron el mantenimiento de espacios de memoria y programas vinculados a la investigación de la complicidad civil con el terrorismo de Estado.

Ahora, con la llegada al poder del Gobierno encabezado por el ultraderechista Javier Milei se plantea en Argentina un escenario inédito para conmemorar el 24 de marzo  y un nuevo desafío para la lucha por la memoria, verdad y justicia en Argentina.

Los primeros 100 días de su Administración han mostrado posturas negacionistas tanto de Milei como de algunos de sus funcionarios y seguidores.

“Es un interesante tema de debate el que tenemos de parecido o no con la política económica de Martínez de Hoz -ministro de economía de la dictadura militar entre 1976 y 1981-, nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno militar en ninguna de sus vertientes”, indicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el 20 de marzo en sus habituales conferencias de prensa, al ser consultado sobre las políticas económicas de la Administración de Milei.

A partir de marzo de 1976, se implementó en Argentina una nueva política económica que transformó significativamente el enfoque de las actividades. Esta política, impulsada por el entonces ministro José Alfredo Martínez de Hoz, se fundamentó en una filosofía que confiaba plenamente en los mecanismos de asignación de recursos del mercado y consideraba al Estado un papel subsidiario. Al mismo tiempo, se delineó un programa que buscaba liberalizar los mercados y abrirse al exterior, con el objetivo de eliminar regulaciones y subsidios.

Desde el inicio de su campaña electoral, el presidente argentino realizó una serie de declaraciones negacionistas a lo sucedido durante la dictadura. Por ejemplo, durante un debate presidencial, Milei se refirió a los crimenes de lesa humanidad como “excesos de violencia” cometidos por agentes del Estado y equiparó lo sucedido en ese periodo a una “guerra”.

«El Estado tiene el monopolio de la violencia aun cuando va a una guerra con formaciones irregulares. Eso no habilita que pueda cometer excesos y esos excesos tienen que ser condenados, por lo tanto, no hay ningún negacionismo», expresó.

Estas posturas generaron preocupación en algunos sectores de la sociedad argentina, especialmente entre familiares de las víctimas y defensores de los derechos humanos, quienes consideran estas declaraciones insensibles e irrespetuosas hacia quienes sufrieron la dictadura.

«Ellos ya no son negacionistas, son admiradores de la dictadura, creen en la dictadura. Por sobre todas las cosas, la dictadura fue el arma sobre la cual se montó un modelo económico”, indica la activista Victoria Donda. Y agrega que, “hoy, el arma sobre la cual se monta el mismo modelo económico de la dictadura es en el Gobierno de Milei”.

La actual Administración nacional ha sido también criticada por la inclusión de personas con posiciones negacionistas respecto a la dictadura. La vicepresidenta de Milei y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, en varias ocasiones ha minimizado o negado los crímenes cometidos durante aquel periodo. Por ejemplo, en el debate de campaña en 2023, al ser consultada sobre su postura, expresó abiertamente: «Dejen de mentir, no fueron 30.000», al referirse a la cifra de desaparecidos en la última dictadura.

Villarruel, de 48 años y de ascendencia militar, ha dedicado su carrera a desafiar el consenso generalizado en torno a la violencia política de los setenta y los delitos de lesa humanidad. Ha visitado a condenados por represión en prisión, según contó en una entrevista en 2009 al diario La Nación, porque estaba “trabajando en el primer libro sobre la década del 70 que se tituló ‘Los llaman… jóvenes idealistas’”. Entre esas visitas, estaba el dictador Jorge Rafael Videla.

Además, promueve la llamada ‘Teoría de los dos demonios’. En Argentina, se denomina así a la idea que equipara la gravedad de los delitos perpetrados por agentes estatales, como parte del terrorismo de Estado, con los actos de violencia cometidos por las organizaciones guerrilleras.

Memoria, verdad y justicia: logros y retrocesos

La lucha incansable por la memoria, verdad y justicia en Argentina ha marcado el compromiso con el reconocimiento de las víctimas del terrorismo de Estado.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo son figuras emblemáticas en esta lucha. Desde 1977, las Madres de Plaza de Mayo marchan, cada jueves, frente a la Casa Rosada, sede del Ejecutivo, en Buenos Aires, exigiendo información sobre sus hijos desaparecidos durante la dictadura. Su valentía y persistencia han contribuido a visibilizar la tragedia de los desaparecidos.

Por su parte, las Abuelas de Plaza de Mayo han centrado sus esfuerzos desde 1977 en la búsqueda de los nietos que fueron secuestrados y apropiados durante la dictadura. Gracias a su labor, cientos han podido recuperar su identidad.

“Son aproximadamente 300 los nietos apropiados por la dictadura, ya hemos encontrado más de 130 y es una gran alegría, pero nos siguen faltando muchos”, indicó a France 24 la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Buscarita Roa.

Además de las Madres y Abuelas, el movimiento Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S) desempeña un papel fundamental en esta lucha. Integrado por hijos de desaparecidos y militantes de derechos humanos, H.I.J.O.S ha llevado a cabo acciones de visibilización y denuncia, manteniendo viva la memoria de las víctimas y exigiendo el castigo a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura.

No obstante, afrontan dificultades y amenazas. El pasado 22 de marzo, la agrupación H.I.J.O.S., denunció un “atentado contra la vida” de uno de sus miembros y atribuyó la responsabilidad al Gobierno nacional.

Según explicó la organización en un comunicado, una de sus activistas fue objeto de agresión física, abuso y amenazas de muerte por parte de dos individuos, que irrumpieron violentamente en su domicilio. Los agresores, antes de retirarse, le manifestaron a la víctima: “No estamos aquí para robarte, estamos aquí para acabar contigo. Nos pagan por eso”. Además, dejaron marcado en una de las paredes de la vivienda el lema del partido de Gobierno, La Libertad Avanza, junto con las siglas utilizadas por el presidente Javier Milei en sus comunicaciones, ‘VLLC’ (viva la libertad, carajo).

“Nunca más”, un legado para las nuevas generaciones

Mientras una persona defienda de pie esos derechos que necesitamos para vivir dignamente, mientras una persona pueda juntarse con otra para defender sus derechos para vivir mejor y mientras exista ese espíritu solidario que existió siempre en los pueblos, la memoria va a estar presente y viva”

El docente José Luis Irazola explica que, “es difícil transmitir el legado de memoria, verdad y justicia, si no se contextualiza y se hacen los relatos del proceso histórico”.

Además, señala que el discurso de ultraderecha ha calado profundamente entre los más jóvenes. “Eso es un invento de los zurdos” han señalado algunos de sus alumnos, dentro del ámbito escolar, al momento de dialogar sobre lo ocurrido en la dictadura de 1976.

Y también aclara que esto sucede también con algunos sectores de la docencia: “Es muy difícil abordar este fenómeno en los ámbitos educativos, porque también los docentes (…) han sido convencidos de que eso ya es viejo y que hay que pasar lo nuevo”.

En las escuelas y universidades argentinas se ha incorporado cada vez más el estudio de la historia reciente del país. Desde el Ministerio de Educación de Argentina, se diseñaron programas educativos, materiales didácticos y espacios de reflexión que permiten a los jóvenes comprender la complejidad de este período y reflexionar sobre su significado en el contexto actual.

“Con los jóvenes es complicado, porque se ha ido transmitiendo que esto -la dictadura- es lo viejo y no tiene sentido, por eso aparecen discursos que dicen que es una invención comunista y cosas insólitas, pero que los chicos van tomando”, indica el docente y psicólogo.

En este contexto, los jóvenes juegan un papel fundamental en la defensa de la democracia y la promoción de los valores de justicia y derechos humanos.

Muchos se han involucrado activamente en organizaciones, entre los que se destacan los centros de estudiantes de escuelas y universidades públicas en todo el país, así como movimientos sociales y actividades de voluntariado orientadas a la memoria y los derechos humanos. Además, participan en marchas, actividades culturales, campañas de concientización y proyectos de investigación que buscan mantener viva la memoria y contribuir a la lucha por la verdad y la justicia.